El informe del instructor del expediente al juez Tirado y, sobre todo, el de la Fiscalía no ha dejado indiferente a nadie en el mundo judicial. Ayer uno de los abogados del magistrado mostraba su reprobación a la actitud del fiscal, mientras que el Foro Judicial la tachaba de "politizada".
La "infracción muy grave" que reclama la Fiscalía General del Estado era lo más comentado ayer en los pasillos de los juzgados. Las noticias del expediente al titular del Juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, por no ejecutar la sentencia del presunto asesino de Mari Luz, no dejó indiferente a nadie.
Sorpresa, respeto e indignación es lo que causó, frente a un informe, el del instructor del caso -el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea-, que en general se considera mucho más justo, al considerar los hechos como falta grave.
De hecho ayer uno de los letrados contratados por el juez, Francisco Baena Bocanegra, rompió, a título personal, el mutismo por el que ha optado Tirado tras la apertura del expediente, para asegurar que reprueba "totalmente la actitud de la Fiscalía General del Estado porque creo que la obligación que todos tenemos, tanto ellos como nosotros, es guardar respetuoso silencio y no presionar al órgano que tiene que resolver y que lo deje en manos de la Justicia", señaló el letrado, visiblemente indignado.
Mucho más crítico y sorprendido se mostró el presidente del Foro Judicial Independiente, Conrado Gallardo, quien criticó lo "politizado" del informe del fiscal, del que dijo que "estaba ya predefinido", en referencia a las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien anunció a final de junio que el Fiscal General "recurría" si la sanción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) era leve. "Es una vergüenza que haya emitido un informe tan coincidente con la opinión del Gobierno", dijo Gallardo, quien lamentó que "si tan grave es la falta, no se haya hecho alusión a la Fiscalía de Sevilla, que también tiene responsabilidad en el control de las ejecutorias". El presidente del Foro recordó que "los 80 fiscales de Sevilla no se enteran de nada, pero la única responsabilidad es del juez".
El magistrado apuntó que el informe del fiscal no indica la sanción concreta -que puede ir desde multa hasta la expulsión-, "se va a lo cómodo". Además, aseguró que el escrito del instructor es "más ajustado a las circunstancias, pues tiene en cuenta la problemática del juzgado".
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, José Joaquín Gallardo, prefirió no valorar la decisión y "confiar" en la resolución del Consejo, que es que "ha evaluado la responsabilidad personal, contando con toda la documentación".
