El debate sobre el anteproyecto del Ejecutivo sobre la ley del aborto se ha bloqueado en el Consejo del Poder Judicial (CGPJ), que no consiguió ayer aprobar un informe, por lo que por primera vez en la historia el órgano de gobierno de los jueces no emite un dictamen sobre una reforma legislativa.
Durante la reunión del Pleno, el Consejo votó el informe aprobado por la Comisión de Estudios, que veía oportuno que los padres fueran informados de que sus hijas menores iban a abortar, y no logró una mayoría suficiente para su aprobación (12 votos), ya que se registró un empate a 10 votos, a favor (los vocales propuestos por el PSOE y PNV) y en contra (los del PP y el presidente, Carlos Dívar, un juez conservador y ultracatólico propuesto por el jefe del Ejecutivo) y una abstención, la del vocal Ramón Camp, propuesto por CiU.
Tampoco recibió el respaldo suficiente otro texto (contrario al texto del Ejecutivo y discrepante con el de la Comisión de Estudios), presentado por el vocal conservador Claro José Fernández, ya que recibió 10 apoyos (los consejeros conservadores) y 11 en contra (los del PSOE, PNV y CiU).
Los vocales analizaron la posibilidad de hacer un tercer informe, que se descartó, según explicó la portavoz del Poder Judicial, Gabriela Bravo, teniendo en cuenta que ya se habían pedido dos prórrogas al Gobierno del plazo previsto para emitirlo y porque "pese a los grandes esfuerzos y trabajos, no se ha conseguido consensuar" un texto. "El Consejo no va a emitir ningún informe", explicó Bravo, quien reconoció que "la ley del aborto ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas" en la sociedad y en el seno del órgano de gobierno de los jueces.
La portavoz señaló que el Consejo "ha desarrollado un trabajo técnico y como órgano consultivo ha procurado hacer un informe que sirviera para mejorar el texto legal, pero tras el debate correspondiente no se han conseguido consensuar voluntades suficientes para poder sacar el informe adelante".
Ante esta situación, el Consejo del Poder Judicial tendrá que comunicar al Gobierno que no emitirá su opinión sobre la reforma de la ley del aborto, que continuará su tramitación sin el preceptivo, pero no vinculante informe judicial.
El informe de la Comisión de Estudios, cuya ponente fue la vocal Margarita Uría, avalaba la constitucionalidad del proyecto de ley del Gobierno, pero incidía en la oportunidad de que los padres fueran informados de que sus hijas menores de edad van a abortar. Sobre la decisión de abortar, planteaba que cualquier mujer puede acordarlo por sí misma en el caso de que "tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma, con independencia de que sea mayor o menor de 16 años". Pese a que aconsejaba informar a los padres, también reconocía que pueden darse "circunstancias excepcionales" que fundamenten la "no información en beneficio de la menor".
El otro texto del vocal conservador estimaba inconstitucional algunos aspectos de la reforma del Gobierno, en referencia al establecimiento de un modelo de plazos, que permite a la mujer interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación. Además, el texto mostraba su oposición a que los padres de la menor embarazada no deban ser informados previamente.
