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El intrusismo manda al paro a 14.520 empleados de reparaciones e instalaciones

Electricistas, fontaneros y antenistas, entre otros, achacan a la economía sumergida el cierre de 579 empresas en la provincia

el 26 jul 2012 / 19:56 h.

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Los empresarios demandan que las administraciones vigilen y regulen la actividad profesional para evitar el intrusismo.

El típico chapuzas que lo mismo le arregla una antena, un lavabo o le instala un ordenador "provoca el cierre de empresas y lleva al paro a personas que desempeñaban su trabajo con garantías de seguridad y calidad". Así lo defiende el sector de las empresas de instalaciones, que asegura que en la provincia de Sevilla se han cerrado 579 empresas y se han perdido un total de 14.520 puestos de trabajo en cinco años, desde 2007, por culpa del intrusismo, la competencia desleal y la economía sumergida.

Son datos conocidos a raíz de la creación de la Plataforma multisectorial contra la economía sumergida en Andalucía, promovida por tres grandes federaciones andaluzas de empresarios: la Asociación de Empresas Instaladoras de Telecomunicaciones (Faitel ), la Federación de Profesionales Electricistas (Fapie ) y la de Asociaciones Empresariales de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, Contraincendios, Energía Solar, Mantenimiento y afines (Fraef ). Sus integrantes, además, advierten de que 22.000 empresas andaluzas se van a pasar a la economía sumergida si la Administración autonómica no toma medidas "urgentes y contundentes" para combatir el intrusismo y la competencia desleal. Calculan que si finalmente esto ocurre, otros 200.000 trabajadores irán al paro. Por todo ello, tildan la situación de "insostenible".

En Andalucía, según sus datos, se han perdido 46.760 empleos y han cerrado 1.973 empresas desde que la crisis provocó el aumento de la economía sumergida.

Ante este negro panorama, "cada vez peor por el agravamiento de la crisis", según comentó ayer a este periódico el director gerente de Faitel, José Manuel Muñiz, las tres federaciones, reunidas en el seno de la plataforma contra la economía sumergida en Andalucía comenzaron el pasado mes de marzo una campaña para alertar, a través de los medios comunicación y las redes sociales, acerca de los "gravísimos" perjuicios y el "nefasto" impacto económico que está causando el trabajo irregular en el tejido empresarial.

Según José Manuel Muñiz, la situación es "insostenible" porque Andalucía soporta un 25% de economía sumergida. "Si a las empresas responsables -aquellas que cumplen sus obligaciones fiscales- no se les defiende y promociona y si no se lucha contra quien está actuando desde el lado oscuro", todo va a desembocar "en el cierre de más empresas, que van a pasar a engrosar la economía sumergida". "Si no nos dan herramientas para poder seguir compitiendo en el marco de la lealtad al sistema, está claro que no nos dejan otro camino", lamenta.

"Lo mismo que estamos fiscalizados, controlados e inspeccionados, de la misma manera deberían aplicarse los mismos mecanismos contra aquellos que no dan la cara, que no están dados de alta, que no pagan sus impuestos, que son los que verdaderamente están haciendo daño a esta sociedad", denunció Muñiz.

Por ello, la plataforma pide a la Administración y a los partidos políticos que se sumen a la búsqueda de soluciones para un problema "que tanto daño está haciendo a nuestra comunidad", según comentó también Gerardo Parejo, uno de sus miembros.
Además, la plataforma solicitó reuniones a todos los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía con objeto de encontrar puntos de consenso de cara a una modificación legislativa para frenar esta actividad ilícita si es que fuera necesario. Según datos de esta plataforma, en España se dejan de ingresar en el erario público más de 100.000 millones de euros por culpa del trabajo irregular.

A la crítica de la plataforma a la economía sumergida, el intrusismo y la competencia desleal se sumaron tanto las asociaciones de consumidores como reconocidos economistas, como Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, para quien esta práctica es "un cáncer" para el sistema y el "aparente ahorro" que algunos se creen hacer se convierte en un "perjuicio muy grave para toda la sociedad". La Unión de Consumidores de Andalucía UCA/UCE advirtió que contratando a un trabajador irregular los consumidores perdemos todos los derechos.


Pedro López, trabajador de Interantena SL
: "Los clientes bajaron al menos un 40% y quedamos 14 en la empresa"

Pedro López empezó a trabajar en el sector de la instalación de telecomunicaciones en 1985, es de Sevilla y tiene dos hijos y, según denuncia, la economía sumergida le afecta "bastante". "Los clientes han bajado por lo menos un 40% y la empresa tiene ahora sólo unos 14 trabajadores, cuando antes tenía muchos más", lamenta. Asegura que la gente no es consciente de los riesgos que tiene contratar a una persona que no cumpla con los requisitos legales: "No tienen garantía de que le realicen un trabajo de calidad y si ocurre un accidente laboral, como una caída, el cliente es el responsable".

Juan Carlos Sevilla, autónomo: "Hemos denunciado, con pruebas, a unas 40 personas por intrusismo"

Tras 18 años trabajando en la instalación de telecomunicaciones, Juan Carlos Sevilla afirma que han denunciado a través de la asociación Faitel ante Consumo, Hacienda y la Seguridad Social a 40 personas en Sevilla que trabajaban sin el registro de instalador, "el número que el Ministerio da para poder ejercer". "Y -añade- tenemos pruebas de facturas sin IVA, presupuestos sin datos de la empresa y titulares sin el registro de instalador...". A su juicio, las administraciones tienen que "vigilar y regular" la actividad profesional para que la economía sumergida no dañe a la sociedad y a sus trabajadores.

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