El Consejo de Gobierno andaluz aprobó ayer un decreto "pionero" que protegerá la propiedad intelectual de los hallazgos sanitarios, cuyo principal objetivo es fomentar la investigación. El eslabón final de la cadena de investigación médica es la firma de patentes. Es la expresión última de la I+D+i en el SAS.
En 2006 el sistema sanitario andaluz contaba con tres patentes, y ahora tiene registradas 224 por investigadores sanitarios andaluces (de ellas 94 sólo en 2011), "las cuáles ya han reportado hasta 1,8 millones de euros en reinversión para que estos grupos puedan seguir trabajando, además de registrar 24 licencias de explotación" por parte de empresas privadas, explicó ayer la consejera de Salud, María Jesús Montero. El decreto establece que el SAS correrá con los gastos de incluir una patente en el registro de la propiedad intelectual, algo que tiene un coste elevado y que la Junta asumirá "si el proyecto merece la pena". El personal investigador que haya obtenido un resultado protegido recibirá una incentivación económica especial, que dependerá de los ingresos brutos anuales de la patente. La novedad está en las patentes que reporten beneficios moderados, para las cuales la Junta cederá una mayor parte de los ingresos al investigador. De manera que para aquellas que reporten hasta 10.000 euros, se determina un reparto del 65% para el investigador y del 35% para la entidad titular (SAS). Para las que estén entre 10.000 y 50.000 euros, el reparto será del 40 y el 60%; mientras que para los resultados que reporten más de 50.000 euros se fija en el 34% y el 66% respectivamente (el mismo reparto que establece el CSIF o en Harvard).
Los profesionales tendrán 15 días para comunicar por escrito los resultados susceptibles de ser protegidos a la entidad competente, que será la que valore el proyecto.