La unidad policial creada por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 para investigar la supuesta trama de cobros ilegales de tasas por parte de agentes de la Policía Local tuvo que advertir a la Jefatura y al propio juzgado de haber sufrido amenazas e insultos en el seno del cuerpo. Según confirmaron varias fuentes policiales, el intendente que dirige el proceso desde hace más de un año, junto a un oficial y dos policías, denunció estas presiones y anunció que formalizaría una denuncia que finalmente, según fuentes consultadas, se presentó en el Juzgado de Guardia. Las supuestas amenazas e insultos afectaron tanto al intendente que dirige la investigación como a otro miembro de la unidad dirigida por la magistrada.
La unidad policial, dirigida directamente desde el juzgado aunque con la mediación del jefe de la Policía, José Aulet, se creó a raíz de las escuchas y los registros que se realizaron en septiembre de 2009 a un agente en el marco de una operación contra el tráfico de drogas por la que llegó a ser detenido. A raíz de estas indagaciones, se hallaron indicios de supuestos cobros ilegales de tasas, sobre todo las relacionadas con el transporte de vehículos especiales por la ciudad, que llevaron a la juez a encargar una investigación interna centrada en la unidad motorista.
El formato escogido por la juez fue facultar a que agentes locales actuaran con funciones de Policía Judicial. Para ello, creó una unidad dirigida por un intendente y formada por un oficial y dos agentes bajo la supervisión del jefe de Policía. Este trabajo estuvo a punto de ser archivado, según fuentes judiciales, ante el fallecimiento de una de las personas investigadas, la responsable del cobro de tasas a las empresas de transportes que, hasta finales del año pasado, se realizaba en mano en la Jefatura.
Pero tras el verano de 2010, la investigación se relanzó al requisarse para ser analizados media docena de ordenadores. Fue por estas fechas, según varias fuentes consultadas, cuando el intendente responsable de la investigación y otro de los miembros de la unidad dieron parte a la Jefatura y al propio Juzgado de presiones y amenazas en el seno del cuerpo de Policía. A raíz de estos avisos, según fuentes policiales, se formalizó una denuncia que siguió su curso.
Fuentes policiales advirtieron de la delicada situación en la que desarrolla la investigación interna, tanto por las personas que fueron designadas para realizarla como por su propias competencias, que han provocado que los miembros de la unidad estén trabajando aislados del resto de sus compañeros. En este sentido, el secretario general del Sindicato Profesional de Policía, Manuel Bustelo, hizo un llamamiento esta semana para que "dejaran trabajar a la unidad" que investiga los hechos para que los aclare "hasta las últimas consecuencias".
Esta investigación interna no sólo ha provocado que una treintena de agentes de distintas categorías declare -ninguno de momento en concepto imputado- y que se cambiara el procedimiento de cobro de tasas en mano en la Policía y se estableciera un mayor control administrativo.
