El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, apuntó hoy a una "farsa orquestada" por el ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, para ocultar que era quien tomaba personalmente las decisiones relativas a la construcción del velódromo Palma Arena y que supusieron el presunto desvío de más de cincuenta millones de euros entre 2005 y 2007, parte de los cuales pudieron acabar engrosando su patrimonio, según las investigaciones.
Así lo expone el magistrado en un contundente auto de más de 140 páginas que dictó hoy y en el que justifica, junto a otros numerosos hechos supuestamente delictivos, su decisión de decretar prisión provisional eludible bajo fianza de tres millones de euros para el ex ministro de Medio Ambiente, así como la retirada de su pasaporte -que ya ordenó el pasado viernes para evitar su huída-, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días 'apud acta' ante el juzgado.
En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez instructor del caso Palma Arena asevera que "a efectos de ostentar un control directo sobre el proyecto y dar una cobertura formal a sus decisiones", encargó a su entonces directora general de Gabinete, Dulce Linares, y al ex director general de Deportes, José Luis 'pepote' Ballester, "llevar las actuaciones necesarias para tal fin bajo su supervisión y control directo", y ordenando a sus subordinados en el proyecto que hicieran lo que ambos indicaran.
Asimismo, encargó la gestión del velódromo a la Fundación Illesport con el objetivo de "eludir los controles ordinarios técnicos, de intervención y fiscalización del Govern". Todas las actas de las reuniones de este órgano, añade el juez, "son falsas" y Matas era quien ordenaba confeccionarlas con el contenido que "facilitaba previamente y las firmaba tras su confección".
En concreto, sobre el imputado pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos -hasta en siete ocasiones-, falsedad documental, prevaricación administrativa, fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda pública, castigados con hasta 68 años de prisión pese a que la pena máxima que cumpliría el ex presidente sería de 24, a tenor de las graduaciones de condena establecidas en el Código Penal.
