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El juez cita como imputados a otros dos ex ediles de Baena

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena (Córdoba) ha citado a declarar como imputados, en el marco del caso de urbanismo por el que abrió diligencias previas en 2007, a otros dos ex concejales socialistas del Ayuntamiento baenense, con lo que se elevan ya a seis el número de imputados en este procedimiento.

el 16 sep 2009 / 00:16 h.

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Baena (Córdoba) ha citado a declarar como imputados, en el marco del caso de urbanismo por el que abrió diligencias previas en 2007, a otros dos ex concejales socialistas del Ayuntamiento baenense, con lo que se elevan ya a seis el número de imputados en este procedimiento.

Los nuevos imputados son Alberto Sánchez y Fernando Mora, que fueron tenientes de alcalde delegados de Urbanismo (Sánchez entre 1999 y 2003 y Mora de 2003 a 2007), según informaron a Europa Press fuentes cercanas al caso. Están imputados por presuntos delitos de prevaricación y contra la ordenación territorial.

Sánchez y Mora deberán acudir al juzgado el 7 de abril, al igual que dos vigilantes de obras, aunque éstos declarará como testigos.

En este caso ya estaban imputados el edil socialista José Calvo, y otros dos ex concejales del mismo partido, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías, además de una funcionaria, jefa de Negociado del Área de Urbanismo. Todos negaron ya ante el juez, con el apoyo de documentación, que hubiesen dado el visto bueno a la ejecución de obras sin licencia en una docena de parcelas e inmuebles entre 2002 y 2004, como denunció en 2007 el promotor y ex alcalde comunista de Baena, Carlos Arenas, imputado en otro procedimiento.

Aunque esta semana una de las defensas solicitó el sobreseimiento y archivo, el juez, a instancias del fiscal, fijó la práctica de nuevas pruebas testificales y, en el caso de Sánchez y Mora, en calidad de imputados.

De este procedimiento ya se desgajó en 2007 el caso de las facturas falsas. El juzgado abrió el pasado febrero otra pieza separada para investigar la posible comisión de un delito de tráfico de información privilegiada de carácter urbanístico.

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