No ha sido el único pero sí el más contundente. El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, amenazó con reducir a la mitad los juicios en la provincia y avisó de que el sistema en "dos años revienta". Ante sus quejas por estar desbordado, el Gobierno y la Junta han desvelado que no pidió refuerzos.
Según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado, en los dos últimos años no se han reclamado desde Córdoba nuevas plazas de refuerzo de jueces y magistrados. Sí hubo peticiones desde otras provincias andaluzas y el Gobierno central asegura que el 93% de las mismas se cubrieron.
Corresponde al Ejecutivo de la nación determinar la distribución de órganos judiciales y designar la plantilla de jueces y secretarios judiciales para éstos, cubriendo las necesidades con personal de refuerzo cuando se estime oportuno. Sin embargo, el personal funcionario de los juzgados -integrado por gestores, tramitadores y auxiliares judiciales- es competencia en Andalucía del Gobierno autonómico, pero también en este sentido la Junta negó que se recibieran peticiones extraordinarias desde Córdoba.
En concreto, la delegación provincial de Justicia afirmó ayer a la Cadena SER que Luis Rabasa no ha solicitado refuerzos para el juzgado de menores del que es titular desde febrero de 2007. Sí hubo peticiones para otras oficinas de Córdoba que, según la Junta, fueron atendidas hasta el punto de que en el último año y medio el personal de refuerzo en la provincia ha pasado de 10 a 24.
El juez decano de Córdoba hizo unas duras declaraciones al día siguiente de conocerse un informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que señalaba un déficit de personal en los tribunales andaluces de más de 1.200 funcionarios, y alertaba del alto índice de personal interino, muchos de ellos procedentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) sin experiencia ni formación específica.
Tras el varapalo del TSJA, que acusaba a la administración andaluza de "falta de coordinación" e "improvisación", varios jueces se sumaron a las críticas por la falta de medios y el primero de ellos fue el de Córdoba, al que siguieron más tarde los decanos de Granada y Cádiz.
El juez decano de Córdoba amenazó con reducir a la mitad los casos atendidos por juzgado en 2009 y ceñirse a cumplir el módulo obligatorio que fija el CGPJ. Con ello, según Rabasa, "esto en dos años revienta". Su colega de Granada, Antonio Moreno, no sólo le apoyó sino que añadió que el sistema "va a reventar no en dos años sino en uno".
