El juez Raimondo Mesiano, del Tribunal Civil de Milán, ha declarado a Berlusconi coautor de la corrupción que llevó a su grupo Fininvest a hacerse con el control de la editorial Mondadori, por la que ahora la sociedad del mandatario deberá pagar cerca de 750 millones de euros al conglomerado CIR, al acceder a un paquete de acciones clave tras sobornar su ex abogado Cesare Previti a un juez. El magistrado justifica su decisión de hacer pagar tal elevada cantidad de dinero al grupo de Berlusconi por el "principio de responsabilidad civil de las compañías de capital por el hecho ilícito de su representante legal o administrador cometido en la actividad gestora de la misma sociedad", según la sentencia.
Esta condena tuvo una inmediata reacción por parte del grupo de Berlusconi, que aseguró que recurrirá y que siempre se ha operado "con la máxima corrección".
Belusconi, por su parte, dijo ayer estar "literalmente desconcertado" y agregó que se trata de "una sentencia que está por encima del bien y del mal, ciertamente es una barbaridad jurídica". "Sabemos, de todas formas, todos los opositores, que el Gobierno llevará a término su misión quinquenal y no hay nada que podrá traicionar el mandato que los italianos nos han conferido", afirmó el primer ministro.
Desconcertado. Pero los problemas de Il Cavalieri no quedan en esta decisión judicial, a partir de hoy el Tribunal Constitucional de Italia estudiará el controvertido Laudo Alfano, la ley aprobada en el Parlamento en el verano de 2008 y que otorga inmunidad a los cuatro mayores cargos del Estado.
Más de un año después de su aprobación, el Laudo Alfano deberá ahora ser ratificado por el Constitucional, después de que su entrada en vigor detuviera el proceso judicial abierto contra Berlusconi por el caso del abogado inglés David Mills, condenado el pasado 17 de febrero a 6 años y 4 meses de cárcel por haber mentido a cambio de dinero en un juicio contra el mandatario. Desde entonces, muchas son las voces que se han alzado contra esta controvertida norma, que llega ahora a su momento decisivo, cuando a partir de hoy se debata si el jefe del Gobierno, el presidente de la República y los titulares de la Cámara Alta y Baja pueden gozar o no de inmunidad judicial.
El análisis que comienza hoy del Laudo Alfano, norma que recibe el nombre del actual titular de Justicia, Angelino Alfano, llega, por tanto, en el peor de los momentos para Berlusconi, cuando además su partido, el Pueblo de la Libertad (PDL), denuncia un auténtico acoso y derribo contra el mandatario, por el que se plantean salir a la calle a manifestarse.
Además de las cuentas con la justicia, el primer ministro vive días en los que las fiestas celebradas con prostitutas en sus residencias de Cerdeña y Roma siguen dando de qué hablar y cuando el pasado sábado más de 100.000 personas se manifestaron en Roma contra sus ataques a los medios de comunicación.
El pasado 16 de septiembre, la prensa italiana filtraba el contenido del texto presentado por la Abogacía del Estado ante el Constitucional para exigir, en base a "daños irreparables", que no se derogue el Laudo Alfano, que establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo.
