Economía

El juez declara el concurso de acreedores para Martinsa-Fadesa

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha declarado a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa en concurso de acreedores, con lo que todos aquellos que tienen deudas con la compañía podrán empezar a comunicarlas a este juzgado.

el 15 sep 2009 / 08:34 h.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña ha declarado a la inmobiliaria Martinsa-Fadesa en concurso de acreedores, con lo que todos aquellos que tienen deudas con la compañía podrán empezar a comunicarlas a este juzgado que se ha declarado competente para instruir el proceso.

De acuerdo con el auto, remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los administradores concursales serán la abogado Antonia Magdaleno Carmona -de la firma Broseta Abogados- y Bankinter, en representación de los acreedores, mientras que el tercer administrador será designado por la CNMV.

Al tratarse de un concurso solicitado voluntariamente, Martinsa-Fadesa conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio, aunque su gestión deberá contar con la conformidad de los administradores concursales.

Los acreedores dispondrán de un mes de plazo -a contar desde el 1 de septiembre- para poner en conocimiento de la administración concursal la existencia de los créditos que les debe la compañía.

Los administradores del concurso tendrán asimismo, desde el 1 de septiembre, otro mes de plazo para redactar su informe sobre la situación de Martinsa-Fadesa.

Además de la sociedad matriz, seis de sus filiales también presentaron la solicitud de suspensión de pagos en el mismo juzgado, expediente que en principio será tratado y examinado por separado, aunque la administración concursal podría pedir su acumulación.

No obstante, el concurso de acreedores finalmente podría ser tramitado en Madrid, si así lo solicita el Juzgado de lo Mercantil número 5 donde ha recaído la petición de concurso de tres sociedades del presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, a través de las que controla una participación del 44,46 por ciento de la inmobiliaria.

El juzgado madrileño podría pedir que se tramiten en Madrid los concursos de acreedores tanto de la matriz como de sus seis filiales, debido a que el centro principal de operaciones de la compañía se encuentra en la capital, a pesar de que su sede social está en A Coruña.

Entre tanto, la inmobiliaria ha anunciado que presentará una propuesta anticipada de convenio para pagar a sus acreedores, lo que según la Ley Concursal podría implicar una quita de hasta el 50 por ciento de su deuda y un plazo de espera para el pago de hasta cinco años, aunque el Juzgado podría autorizar la superación de estos límites.

Martinsa-Fadesa presentó el pasado 15 de julio la solicitud de concurso voluntario de acreedores para garantizar la continuidad de su proyecto empresarial y poder sanear la compañía, que cuenta con una deuda de 5.200 millones de euros y un patrimonio de 10.805 millones de euros.

La declaración de concurso ha sido aceptada porque, según el auto, la compañía se encuentra en "estado de insolvencia inminente" como consecuencia de la drástica disminución de su actividad durante el presente ejercicio, dado el estancamiento del mercado inmobiliario.

En su razonamiento, el juez explica que la insolvencia "no presupone la insuficiencia patrimonial para responder al pago de todas sus obligaciones, sino únicamente la imposibilidad de satisfacerlas a sus vencimientos".

Por esta razón, aun cuando el patrimonio de Martinsa-Fadesa baste para cubrir la totalidad de su deuda, lo relevante para el juez ha sido determinar que en la situación actual la compañía no puede hacer los pagos comprometidos sin exponerse a "ejecuciones singulares".

La compañía tiene previsto reestructurar su actividad y vender activos para lo que cuenta con un patrimonio valorado, a cierre de 2007, en 10.805 millones de euros.

De esta cantidad, 6.625 millones corresponden a suelo, 3.159 millones a obras en curso, 451 millones a unidades pendientes de venta, 275,5 millones a suelo, 161,5 millones a inmuebles en patrimonio y 133 millones a campos de golf

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