El juez de Cádiz que instruye el caso del supuesto fraude en los cursos de formación de la Junta, Miguel Ángel López Marchena, dejó ayer en libertad con cargos al que fue consejero de Hacienda entre 1987 y 1990, Ángel Ojeda, cuyo entramado de empresas de formación pudo haberse beneficiado ilegalmente de ayudas públicas. Ojeda fue arrestado el lunes en Sanlúcar de Barrameda, junto a otras ocho personas (incluido su hijo), durmió el martes en comisaría, ayer declaró ante el juez durante casi siete horas y salió a la calle imputado por delitos de falsedad, fraude en subvenciones y apropiación indebida. El magistrado le retiró el pasaporte, algo que se hace como medida cautelar cuando existe riesgo de fuga, y ordenó a la Policía que registrara su casa en Sanlúcar, que estuvo vigilada por agentes durante todo el día.
El fraude de los cursos de formación está diseminado por una decena de tribunales de Andalucía, incluido el juzgado de la jueza Mercedes Alaya, que fue la primera en abrir una investigación por el supuesto «uso irregular» de ayudas a la formación para el empleo (formadores no dados de alta en la Seguridad Social, facturas falsas de cursos no realizados, alumnos fantasmas inscritos que nunca recibieron formación...). El arresto de Ojeda se ha producido en el marco de la denominada Operación Óscar, que lleva un juzgado de Cádiz. De los nueve detenidos, sólo el exconsejero y otro apresado han pasado a disposición judicial. El otro detenido, Federico D.B., también fue puesto en libertad con cargos, aunque en este caso la medida cautelar impuesta fue la obligación de comparecer ante el juez. Los otros siete arrestados no pasaron a disposición judicial y el martes fueron puestos en libertad, en algunos casos con cargos, tras prestar declaración ante la Policía.
Según fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía ha pedido la imputación de determinados cargos, ya que en el conjunto de la causa se están instruyendo delitos como falsedad, fraude en subvenciones o apropiación indebida, junto a posibles delitos cometidos por la Administración, si se demuestra que ha habido subvenciones concedidas de forma irregular. Ojeda llegó ayer esposado a los juzgados y compareció ante el titular del tribunal de Instrucción número 2. El exconsejero de Hacienda durante el mandato del presidente José Rodríguez de la Borbolla salió a las 15.45 horas «muy tranquilo», según dijo a los periodistas. Ojeda repitió varias veces «en libertad sin fianza, señores», fue recogido en coche por su hijo y se marchó escuchando los gritos de protesta de extrabajadores de Delphi. Algunos portaban el diploma de una de esas acciones formativas, rubricado por el propio exconsejero socialista, un curso de montador aeronáutico que carece de la homologación pertinente para trabajar en las empresas del sector y que fue impartido por la Asociación de Empresas Aeronáuticas (AEA) creada por Ojeda. Francisco Ruiz, ex de Delphi, dijo que se habían desplazado hasta la sede judicial para saber «si nos puede mirar a la cara sin ruborizarse». Los exempleados de la factoría de automoción de Puerto Real consideran que muchos de los cursos que recibieron «eran de relleno».
La semana pasada, la jueza Alaya dictó un auto en el que acusaba a la Junta de haber otorgado 950 millones en subvenciones «sin justificar» para cursos de formación durante un periodo de cuatro años (entre 2008 y 2011). Una de las empresas beneficiarias fue Delphi, que recibió 70 millones en ayudas para la formación de sus extrabajadores. Por este caso, la jueza ha citado a declarar el próximo 16 de octubre en calidad de imputado al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, también imputado en el caso ERE.
La sospecha de Alaya se fundamenta en el aparente mal uso que el Gobierno andaluz hizo de las llamadas exoneraciones de pago en favor de determinadas empresas, incluidas algunas propiedad de Ojeda. La exoneración es una figura legal que permite que una empresa opte a nuevas subvenciones en una convocatoria pública, aunque aún no hayan justificado el 100% del uso que le dieron a las últimas ayudas recibidas. Es una figura excepcional que, sin embargo, se convirtió en norma de la Junta durante muchos años, dice Alaya. El Gobierno de Susana Díaz, una vez hubo saltado el escándalo de los cursos de formación, prohibió volver a usar las exoneraciones desde enero de este año. Sin embargo, el PP-A denunció ayer que el Ejecutivo de Díaz volvió a subvencionar a Ojeda con cinco millones de euros (noviembre de 2013) cuando la investigación sobre sus empresas ya estaba en marcha.
La Operación Óscar se encuentra en fase preliminar. Aún es pronto para saber si el juzgado de Cádiz tendrá que inhibirse (tendría que pedirlo el fiscal) en favor de Alaya. El tribunal analiza una denuncia interpuesta en Chiclana sobre el funcionamiento de los cursos adjudicados a empresas de Ojeda.
