El juez de Sevilla que investiga supuestas irregularidades en Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta, ha ordenado al Gobierno andaluz que entregue al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía toda la documentación solicitada por la Fiscalía Anticorrupción por medio de un escrito presentado el pasado día 26 de noviembre, entre ella documentación referente a un total de 41 sociedades. Así lo dicta el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casilla, en una providencia del pasado día 27 de noviembre y que fue desvelada ayer por el líder del PP-A, Juan Ignacio Zoido, durante la sesión de control al presidente de la Junta, José Antonio Griñán.
Invercaria acusó al PP-A y a Zoido de "faltar a la verdad, una vez más, mentir y manipular documentación acerca de los requerimientos judiciales recibidos en la sociedad pública". Indicó que el juez ha hecho un nuevo requerimiento de documentación, que se materializará hoy con la entrega de 4.000 nuevos folios "que se entregan en el plazo estipulado y en la forma indicada".
En la providencia, consultada por Europa Press, el juez instructor acepta todas las peticiones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de 26 de noviembre, tras lo que insta a la Consejería de Economía, a la Agencia IDEA, al gabinete jurídico de la Junta, a la Cámara de Cuentas, a la entidad Inversión y Gestión de Capitales de Andalucía, a PricewaterhouseCoopers o a la Agencia Tributaria, entre otros, a entregar la documentación requerida al Grupo de Blanqueo. De igual modo, el juez acepta la petición de la Fiscalía en cuanto a que se aporten los expedientes "completos" de personal de cinco personas contratadas por Invercaria, entre ellas el que fuera presidente de la misma Tomás Pérez-Sauquillo. El juez requiere documentación relativa al despido y cese como consejero de la sociedad de Pérez-Sauquillo, "en particular las indemnizaciones abonadas por despido y salarios abonados en el año 2010".
