El juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Grosso, ha dado por buenas todas las escuchas telefónicas a partir de las cuales se inició la investigación de una presunta estafa a la Seguridad Social en la Operación Karlos, en la que está imputada María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. Las defensas de los 25 acusados reclamaron la nulidad de estas escuchas, que ya fue rechazada por la Audiencia en 2006 y 2007.
Antes de reanudar el juicio oral contra los imputados, el juez defendió que la actuación de la investigación ha sido "impecable" y que las escuchas realizadas se ajustan a derecho. Además, manifestó su disconformidad con la crítica de las defensas por la falta de control judicial y señaló que "desde el primer momento" se puso en conocimiento de la instrucción el descubrimiento de otro delito. Este caso, en el que se juzga la compraventa de falsos certificados de invalidez para el cobro de pensiones fraudulentas, surgió de las escuchas que se estaban realizando al exjefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, cuando era investigado en la Operación Halcón relacionada con un presunto delito de facturas falsas.
La decisión del tribunal de continuar con la sesión del juicio llega después de que algunas de las defensas, principalmente la de María José Campanario y la del inspector médico Francisco Casto Pérez, elevaran su disconformidad a que empezaran las declaraciones de los acusados que han llegado ya a un principio de acuerdo con la Fiscalía. De los 25 imputados, 15 han pactado algún tipo de acuerdo con el Ministerio Público para reducir la condena a cambio de declararse culpables, entre ellos Carlos Carretero y su pareja, así como José Luis López El Turronero, además de otra acusada por parte de la Seguridad Social, la persona que supuestamente suplantó a la madre de María José Campanario.
La mujer de Jesulín se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel acusada de pagar a Carretero 18.000 euros por una pensión de invalidez para su madre, también imputada. Ambas rechazaron pactar con el Ministerio Público.
El fiscal del caso, Juan Bosco, subrayó que el principio de acuerdo alcanzado con 15 de los 25 imputados implica el reconocimiento de los hechos por parte de los acusados pero no significa una "conformidad" que "no se ha producido en este proceo".
Ayer declararon 11 de los 15 acusados que han llegado a este principio de acuerdo con el Ministerio Público y en su mayoría apuntaron a Carlos Carretero como la persona con la que contactaron para obtener una pensión fraudulenta. Solo contestaron a las preguntas del fiscal y no a las realizados por las defensas de otros acusados.
El juicio del caso Karlos se reanudará en la Audiencia Provincial de Cádiz el próximo 11 de mayo.
