El titular del Juzgado de Instrucción número 9, Juan Jesús García Vélez, ha imputado un delito de malversación y otro de fraude contra la Hacienda Pública al propietario de una imprenta que fue detenido ayer dentro de la operación Cirene II llevada a cabo por la Guardia Civil dentro de la investigación por las facturas falsas de UGT. El empresario estaba entre los 14 detenidos, pero fue puesto en libertad por los agentes tras prestar declaración y hoy ha sido citado por el juez del caso. Junto a él, por el momento la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto a disposición judicial a cuatro de los arrestados ayer, que a lo largo del día prestarán declaración judicial. Además, hoy la Guardia Civil ha llevado a cabo dos detenciones más que se suman a las 14 que practicaron ayer los agentes en los seis registros llevados a cabo en varias provincias. Los nuevos arrestos se han producido en Agost (Alicante) en una empresaque también habría trabajado con el sindicato. Las nuevas detenciones han tenido lugar en la empresa Carpetas Abadías, en un operativo que se viene a sumar al de ayer. Ademas, ya han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número 9 cuatro de los detenidos ayer: uno de Viajes Macarena, la agencia que fue registrada en la calle Feria; dos de Lienzo Gráfico Impresores, situada en el polígono Hytasa; y el gerente de Chavsa, que se negó a declarar ante la Guardia Civil, y un comercial, que sí declaró. El magistrado Juan Jesús García Vélez tiene previsto tomarle declaración a los cuatro, que ya se encuentran en los calabozos de los juzgados del Prado, a lo largo de la jornada de hoy. Entre los arrestos practicados ayer se encuentra Federico Fresneda, el que fuera tesorero de UGT-A durante 10 años en la etapa del histórico secretario general Manuel Pastrana, que se encontraba de vacaciones en Gran Canarias. Los agentes habian ido a buscarlo a su vivienda, situada en el barrio de Los Remedios, pero no lo localizaron por lo que se tuvo que personar en la misma un familiar para poder llevar a cabo el registro. El otro registro que se llevó a cabo en Sevilla fue en la empresa Chavsa, donde la Guardia Civil detuvo a dos personas. Igualmente, se llevaron a cabo registros y detenciones en la sede de KDM en Jaén y Siosa, en Madrid. Los investigadores llevaron a cabo estas detenciones tras revisar toda la documentación que requisaron de la sede central de UGT, y otras empresas del sindicato, en diciembre, cuando la operación era pilotada por la jueza Mercedes Alaya,a la que la Audiencia Provincial obligó dejar el caso al no tener relación con el fraude de los ERE. Los agentes han concluido que UGT utilizaba de forma "sistemática año tras año" el desvío de fondos públicos de la Junta de Andalucía, de tal forma que llegó a convertirse en su "vía más importante de financiación". Incluso aseguran que llegaron a utilizar "varios métodos" que fueron perfeccionando con el "paso del tiempo". De hecho, los empresarios detenidos supuestamente realizaron facturas falsas a UGT para justificar subvenciones públicas.