De los tres acusados del juicio de las supuestas facturas falsas de Macarena, el jurado sólo delibera sobre dos de ellos. El propio juez ha excluido del objeto de veredicto a Manuel Portela, el colabador del distrito que el fiscal consideraba cómplice y para el que el Ministerio Público pedía una pena de un año y cinco meses y el PA de dos años y medio.
Si el lunes el fiscal eliminó la acusación de la existencia de facturas duplicadas -obras que se ejecutaban pero que se cobraban dos veces-, ayer fue el magistrado presidente del jurado, quien acotó aún más el caso antes de que fuera sometido a la deliberación del jurado. El juez decidió que no había "pruebas de cargo" contra uno de los tres acusados, el colaborador del distrito Macarena, Manuel Portela. Éste era considerado cómplice por el Ministerio Público y por la acusación particular. Pese a esto, a lo largo del proceso, su nombre no ha aparecido en documento alguno.
La decisión del magistrado -regulada en el artículo 49 de la ley del jurado- tiene un carácter excepcional. De hecho, varias fuentes del caso subrayaron que se apenas había precedentes en la Audiencia. El juez realiza un informe, el objeto de veredicto, en el que simplifica el caso para que sea deliberado por los miembros del jurado. En este se recogen los detalles del proceso y las peticiones de penas de la Fiscalía. Excepcionalmente, el magistrado puede invalidar parte de la petición de penas si considera que claramente no hay pruebas. Así ha sido en este caso. El jurado popular sólo tendrá que dirimir la culpabilidad del ex secretario del distrito José Marín y del empresario José Pardo. Además, en el citado informe presentado ayer, sólo se someten a deliberación cuatro obras parcialmente ejecutadas y los dos expedientes de la demolición de San Diego, en los que el Ministerio Público basa toda su acusación de malversación de caudales públicos.
Manuel Portela era un voluntario del distrito Macarena. Según su relato, era el enlace con las asociaciones de vecinos. Le solicitaban reformas y pequeñas obras y él lo comunicaba al delegado o al secretario. Ejercía ese cargo desde antes de 2000. Estuvo con Carmelo Gómez y continuó cuando llegó José Antonio García. Cogía el teléfono, recorría el barrio y, según todos los testigos, visitaba ocasionalmente las obras.
A principios de 2003 atendió una llamada. Era el empresario José Pardo, quien comunicaba -según el relato de todos los testigos? que no había ejecutado las obras de demolición de los módulos de San Diego -con un importe de 4.700 euros divididos en dos expedientes- debido a que había restos en su interior y los vecinos no le dejaban. Lo había intentado dos veces, y de ahí que reclamara el importe de los trabajos realizados.
Tanto en las declaraciones previas, como en el juzgado, Portela siempre ha defendido la misma versión: comunicó hasta en dos ocasiones -en febrero y en abril- al secretario del distrito, José Marín, que no se habían hecho las obras. Ahí se inició su calvario. Marín siempre ha negado haber recibido esta comunicación. Tanto él como José Antonio García han alegado que se enteraron en 2005, dos años después.
Para la acusación, esta contradicción demostraba la "complicidad" de Portela. Para su defensa -encabezada por Rosa María García- su completa inocencia. La letrada ya lo advirtió en su alegato final: "No sabemos ni de qué se le acusa. No existen pruebas ni está definido qué cargos se le imputan".
