El juez Baltasar Garzón ha autorizado exhumaciones en 19 fosas localizadas en toda España, entre ellas la del poeta Federico García Lorca, en un auto en el que se ha declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura franquista (1936-1975).
El magistrado estima en su resolución de 68 páginas que se trata de un delito de detención ilegal sin dar razón de paradero que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad.
En su auto admite a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista, entre ellas la de Nieves Galindo, nieta de un maestro supuestamente enterrado en Granada junto a Lorca.
Como responsables de estos hechos el magistrado apunta a 35 altos cargos del régimen franquista, entre ellos el dictador Francisco Franco, y pide que se aporte el certificado de defunción a efectos de declarar la extinción de responsabilidad penal de todos ellos.
También Reclama al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de Falange desde el 17 julio de 1936 hasta el 3 de diciembre de 1951 y, una vez identificados, acordará lo necesario sobre la imputación o extinción en caso de fallecimiento.
Argumenta que la Audiencia Nacional es competente para investigar estas desapariciones, nunca investigadas "por la Justicia española", porque los hechos (el alzamiento militar) encajan en el delito contra altos organismos de la nación, que no habría prescrito porque está conexo con el delito de detención forzada, que permanece en el tiempo, tal y como estableció el Tribunal Supremo para condenar al ex militar argentino Adolfo Scilingo.
