Local

El juez impone cuatro años a Marín y otros tres a Pardo

Tras cuatro años de investigación judicial, el caso de las facturas falsas de Macarena ya tiene sentencia. El juez ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión el ex secretario del distrito, y a tres años y nueve meses a un empresario por cobrar varias facturas de obras que no se ejecutaron. Foto: Javier Díaz.

el 15 sep 2009 / 23:36 h.

TAGS:

Tras cuatro años de investigación judicial, el caso de las facturas falsas de Macarena ya tiene sentencia. El juez ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión el ex secretario del distrito, y a tres años y nueve meses a un empresario por cobrar varias facturas de obras que no se ejecutaron.

El magistrado que ha presidido el juicio de las facturas falsas del distrito Macarena ha condenado a cuatro años y tres meses de prisión y seis de inhabilitación al ex secretario José Marín; y a tres años y nueve meses de cárcel y cuatro de inhabilitación al empresario José Pardo, después de que la semana pasada un jurado popular declarara a ambos culpables de los delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad en documento oficial. Además, les impone a cada uno de ellos multas superiores a los 2.000 euros, una indemnización para el Ayuntamiento de 5.901 euros por los trabajos no realizados o no terminados y las dos quintas partes de los costes del juicio y de la acusación particular. Ambos recurrirán el fallo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

En la sentencia, que los acusados recogieron ayer personalmente en la Audiencia Provincial, el juez, Francisco Gutiérrez, deja claro que Marín "conscientemente permitió" que Pardo "cobrara obras no ejecutadas o parcialmente ejecutadas" a nombre de la empresa Contratas y Obras Sevilla S.L. (COS) cuando sabía que "no era representante" y que "no podía actuar en su nombre". Para ello, el ex cargo del PSOE "añadió a mano" el nombre de Pardo en algunos de los cheques "con el propósito de eludir los controles de la administración", siempre después de que el concejal entonces responsable del distrito, José Antonio García, los firmara.

El magistrado hace hincapié en que aunque Marín no era el responsable último de pagar las obras -lo era García- "sí tenía el dominio funcional del hecho desde el instante en que era le persona responsable de contratar la obra", de dar por terminado el trabajo y de "ordenar el pago de las obras", lo que siempre se hacía mediante los cheques firmados por el edil, "pero siempre por petición de José Marín". El fallo incluso afirma que el ex secretario se hizo "valer de la ignorancia" de García, quien durante varios años estuvo imputado en la causa hasta que fue exculpado por la juez que llevó la investigación del caso, "para conseguir los fines ilícitos que perseguía el otro acusado (Pardo)".

En cuanto al empresario ahora condenado, la sentencia recoge que al final de 2002 y principio de 2003, presentó "personalmente" varias facturas al Distrito Macarena para su cobro, "pese a conocer que éstas no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente", con lo que el procesado pretendía obtener "más dinero del que le correspondía". Pardo actuó "aparentando" que lo hacía por cuenta de la empresa COS, aunque "sabía que había cesado su actividad a final de 2002" y que no era su representación.

Para no ser descubierto, aportaba facturas distintas a las que utilizaba COS y con datos "que no correspondían con los reales de la sociedad", de ahí que estime que la actitud de Pardo "no pueda considerarse inocua", como pretendía su defensa.

Por todo, ello el magistrado considera que ambos acusados son autores de sendos delitos de malversación de caudales públicos y de falsedad documental, ya que aunque Pardo no sea funcionario público, como Marín, su participación es "como extraño que coopera con actos esenciales y necesarios para su perpetración", como es la presentación de documentación falsa.

La sentencia también hace referencia al colaborador del distrito Manuel Portela, a quien el juez exculpó antes de entregar el objeto del veredicto al jurado ante la falta de pruebas contra él. De hecho, el juez explica en el fallo que el fiscal se ciñe "exclusivamente" para describir su participación en los hechos en que "colaboró con su silencio". El juez rebate la acusación del fiscal, afirmando que para considerarle cómplice, éste tendría que haber tenido conocimiento o haber concertado con los otros dos acusados la ejecución del delito. Por eso, afirma que "el silencio que se achaca al acusado no puede identificarse con colaboración, sino con desconocimiento".

Crítica a la gestión. El magistrado concluye que en el juicio no se practicó ninguna prueba que inculpara al colaborador, entrando incluso a criticar el hecho de que en el distrito se le concediese participación directa a ciudadanos "sin ninguna vinculación con la administración, sino sólo con el partido político en el Gobierno municipal", lo que a su juicio "debilita" la intervención y control de los funcionarios, que eran "sólo cuatro frente a 25 colaboradores".

El magistrado tacha de "sorprendente" que en el juicio y en la instrucción se haya reconocido "con tanta naturalidad una práctica ilegal", que además "no conlleva sanción alguna", como es fraccionar en varias facturas el pago para que las obras no fueran considerados trabajos mayores. Incluso, afirma que la administración "estableció un sistema de contratación de difícil encaje legal", carente de un "verdadero procedimiento reglado", constatando que hay una relación "directa" del proceder "sin control" en los pagos y "los comportamientos ilícitos aquí enjuiciados".

  • 1