El juez imputa a todo el consejo de administración de Invercaria

Considera que la subvención de ,17 millones de euros concedida para el desarrollo del proyecto FIVA que nunca se llegó a desarrollar fue conocida y aprobada por la directiva en su conjunto.

el 26 sep 2013 / 11:11 h.

El juez que investiga presuntas irregularidades en Invercaria, sociedad de capital riesgo de la Junta, ha imputado a todo el consejo de Administración de la misma al considerar que en la concesión de una subvención de 1,7 millones de euros para el desarrollo de un portal web que nunca se llegó a realizar “tuvieron conocimiento y participación”, lo que podría ser constitutivo de sendos delitos de malversación de caudales públicos y delito societario. Así, el titular del juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha citado a declarar como imputados para el 28 de octubre a Juan Vela Quiroga, exdirector de Administración y Finanzas de la agencia IDEA y a Ramón Martín López, consejero de Invercaria desde su constitución en 2005; para el 30 de octubre a Isabel de Haro Arrambari, exsecretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Junta; Jacinto Cañete Rolloso, director general de la agencia IDEA entre mayo de 2008 y diciembre de 2009; y el 31 de octubre Bienvenido Martínez, director de Inversiones Estratégicas de IDEA, siguiendo los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que solicitó la imputación de estos cinco exdirectivos. Sin embargo, no se pronuncia aún sobre la citación como imputado del exempleado de Invercaria Cristóbal Cantos, cuya declaración como testigo antes de verano fue suspendida para el análisis de documentación aportada en la misma que podría variar su situación procesal y requerir que declara con asistencia letrada. En dos providencias, con fecha del 25 de septiembre, el juez requiere a Invercaria, la Consejería de Economía y a exdirectivos ya imputados que aporten extensa documentación interna sobre contrataciones, gastos y operaciones de la sociedad de capital riesgo, al tiempo que solicita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que designe dos peritos a los que se hará llegar toda la documentación de la causa para que elaboren un informe sobre “justificación técnica e irregularidades y deficiencias, en su casa, de cada una de las operaciones en entrada en capital y concesión de préstamos con fondos propios de Invercaria” así como de su funcionamiento como entidad de capital riesgo de la Junta. En esta causa se investiga el presunto fraude de fondos públicos en la concesión de una subvención de 1,7 millones de euros por parte de Invercaria al proyecto FIVA (Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía), un portal web para empresas encargado inicialmente a la empresa Novasoft pero que nunca llegó a funcionar. En concreto, el juez pide a Invercaria que en el plazo de cinco días aporte al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional los contratos del personal y “toda la documentación relativa al pago de indemnizaciones y finiquitos por extinción de relación laboral”, tanto las bajas voluntarios como despidos o contratos terminados, “desde la constitución de la sociedad –creada en 2005- hasta el ejercicio 2012”, así como las comunicaciones vía correo electrónico mantenidas entre la exdirectora Laura Goñiz –imputada- y el empleado Cristóbal Cantos (cuya denuncia por despido destapó las posibles irregularidades). También pide documentación a la propia Goñiz y al técnico analista Manuel Rodríguez y solicita a Invercaria que informe sobre el sistema usado en la empresa para el archivo y la custodia de la documentación relativa al personal y las ayudas y operaciones de capital de la empresa así como del personal autorizado para acceder a la misma y los técnicos que participaban en las operaciones de inversión investigadas. En concreto el juez reclama también los listados de gastos de representación y agenda del expresidente Tomás Pérez-Sauquillo –precisamente el Tribunal de Cuentas ha archivado la causa abierta contra éste por presuntas irregularidades contables en tres contrataciones y gastos cargados a su tarjeta de la empresa por 25.101 euros en 2009 al considerar que todo está justificado- Laura Goñiz, Manuel Rodríguez, Cristóbal Cantos, el exdirector financiero Antonio Nieto y el exdirector de Coordinación Gonzalo Alba. El magistrado también solicita a la Consejería de Economía, de la que depende Invervaria, que informe sobre las personas de la sociedad que “han venido desarrollando funciones en el Observatorio para la Innovación y Participación y entidades por las que fueron contratadas”. En la causa archivada por el Tribunal de Cuentas se investigaba la contratación con cargo a Invercaria de un empleado que trabajaba para este Observatorio, que no contaba con personal propio. Por último reclama a la auditora Pricewaterhousecoopers, que entregue al Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional un listado de los integrantes del equipo que realizó la auditoría de control interno de Invercaria y los trabajos de campo relativos a la entidad entre 2006 y 20011, y alerta de que tras comprobar dicho listado decidirá si los cita a declarar en la causa como testigos. EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA CAUSA CONTRA EL EXPRESIDENTE POR IRREGULARIDADES EN CONTRATOS Y GASTOS El Tribunal de Cuentas ha archivado la causa abierta contra el expresidentes de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo –imputado judicialmente por las irregularidades en la subvención para el proyecto FIVA- relativa a supuestas anomalías contables detectadas en un Informe de la Cámara de Cuentas en el ejercicio 2009 en la contratación de tres personas y gastos de 25.101,09 euros cargados a la Visa de la empresa. El Tribunal de Cuentas ha decidido archivar la causa al considerar que tanto las contrataciones como los gastos han quedado justificados con la documentación aportada y así lo entienden tanto la Fiscalía como la representación legal de la Junta y de Invercaria. El Tribunal de Cuentas determina, en un auto con fecha del 17 de septiembre, que la documentación aportada “acredita la ausencia de elementos constitutivos” de responsabilidad contable puesto que los gastos están “plena y debidamente justiciados, lo que ha motivado apreciar la ausencia de menoscabo en los caudales públicos”. Por ello, “no existiendo perjuicio a los fondos públicos imputable a negligencia grave de persona alguna”, el Tribunal de Cuentas entiende que “no ha lugar” a la incoación de juicio contable. Esta causa investigaba presuntas irregularidades en los gastos cargados por Pérez Sauquillo a la tarjeta de la empresa en 2009 y en la contratación de tres trabajadores que realizaban tareas para otros organismos como el Observatorio para la Innovación o la Fundación Andalucía Emprende. El auto señala que no percibieron más de una retribución en ningún caso y que sus labores en las otras entidades eran esporádicas y no alteraban su jornada laboral en Invercaria.    

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