El juez de instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha dado el paso que le pedía hace unos días la Fiscalía de Delitos Económicos y ha imputado al portavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos en la causa abierta que investiga presuntas irregularidades en la gestión de la Fundación DeSevilla, entidad dedicada a proyectos de cooperación y actualmente en proceso de liquidación tras la llegada del PP al Gobierno municipal. Torrijos está citado a declarar como imputado el 18 de noviembre por su posible participación en un delito de malversación de caudales públicos y falsificación en certificados. La investigación abierta, en la que ya están imputados el exconcejal de IU Carlos Vázquez y el exgerente de la Fundación DeSevilla Miguel López Adán, se centra en una ayuda de 935.890 euros que el Ayuntamiento concedió a la Fundación DeSevilla para proyectos de cooperación y cuyo destino final no ha sido justificado. Torrijos, como delegado de Relaciones Institucionales entonces, firmó el convenio con la Fundación para la citada ayuda y, según sostiene el fiscal y avala ahora el juez, tenía conocimiento pormenorizado del devenir económico y circunstancias de la fundación.
Se trata de la segunda imputación para Torrijos, después de que hace tres años fuera imputado por la jueza Mercedes Alaya en la instrucción sobre el presunto fraude en la venta de suelos de Mercasevilla, aunque en este tiempo la jueza aún no le ha llamado a declarar. En la causa abierta sobre la Fundación DeSevilla, la decisión del juez se produce después de la solicitud del fiscal, que considera clave y esencial su declaración para esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas por el PP al llegar al Ayuntamiento en la gestión de DeSevilla. Según el fiscal, esta sociedad fue utilizada por sus gestores, tanto ejecutivos como políticos, para servirse de la misma para atenciones y finalidades bien particulares, bien partidista.
Además del fiscal, ya pidió su imputación en la instrucción sobre DeSevilla la acusación ejercida por el PP, apoyándose en el informe de la Guardia Civil entregado al juzgado en junio en el que señalaba que Torrijos estaba al tanto de la situación económica de la Fundación ya que prácticamente asistió a la mayoría de sesiones del Patronato e igualmente era consciente de las dificultades que tenía la Fundación para justificar el dinero y era a través de su delegación donde se comunicaba al Ayuntamiento de los problemas informando siempre positivamente a las demandas de la entidad para posponer la justificación al agotarse el plazo. En su declaración ante el juez el 24 de junio, Carlos Vázquez también señaló que Torrijos estaba al tanto de la gestión de la Fundación y de su situación contable que tildó de desbarajuste porque las ayudas no llegaban a tiempo.
De los 935.890 euros de la subvención investigada, destinada a 13 proyectos de cooperación en Cuba, Nicaragua, Argelia o Palestina, la Fundación recibió el 75% (742.500 euros). Los proyectos debían ejecutarse entre octubre de 2008 y septiembre de 2009 pero en junio de ese año el exgerente, Miguel López Adán, pidió ampliar seis meses más porque no se habían podido terminar al no haber recibido el dinero. Fue Torrijos como delegado de Relaciones Institucionales quien informó a favor de dar un plazo extra a la Fundación y elevó la propuesta a la Junta de Gobierno. En su atestado, la Guardia Civil llamó la atención por el hecho de que hiciera la propuesta antes de que el interventor municipal emitiera su informe en el que daba su visto bueno aunque alertaba de que el retraso en el pago de las ayudas a DeSevilla se debía a que no había justificado anteriores subvenciones.
De nuevo en 2010, un mes antes de que expirara el plazo para justificar los proyectos, el gerente volvió a pedir una prórroga de 45 días por acumulación de tareas al tener que justificar varias ayudas. Igualmente fue Torrijos quien informó a favor y elevó la propuesta a la Junta de Gobierno. Pese a que sus demandas fueron siempre aceptadas, en marzo de 2011 poco antes de las elecciones municipales el gerente presentó una renuncia al total de la subvención y la anulación de las facturas presentadas porque no es real la imputación realizada, lo que lleva a la Guardia Civil a cuestionar si había alguna irregularidad en esas facturas y con qué fondos se pagaron pues si había recibos es que había gastos o serían falsas. El Consistorio, con el visto bueno de Torrijos, avaló la renuncia a la subvención sin que conste devolución del dinero que la Fundación hubiera recibido.
Torrijos no se pronunció ayer sobre su imputación. Días atrás al conocer la petición del fiscal se mostró tranquilo y defendió la buena gestión y honorabilidad del anterior Gobierno municipal. El portavoz del PSOE, Juan Espadas, pidió la mayor celeridad posible a la instrucción y si hay responsabilidades que se depuren y si no que se clarifiquen.
