El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha imputado en el caso Gürtel al diputado del PP de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, que junto a Alfonso Bosch se convierte en el segundo diputado popular imputado.
Así lo informó ayer el TSJM, que señaló que el juez Pedreira también interrogará hoy al ex secretario de organización del Partido Popular en Galicia Pablo Crespo -uno de los tres presuntos implicados en la trama que permanece en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón- y al empleado de la sociedad Orange Market en Valencia Adrián Senín.
Según Garzón, Martín Vasco se dedicaba a la intermediación para conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento de Arganda del Rey para Martinsa, sociedad que había pagado comisiones a Correa para ello. El juez se refirió también en sus autos a una reunión mantenida por Martín Vasco con Correa y Crespo en la que hablaron de las entregas de cantidades de dinero al ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero y al ex viceconsejero de Inmigración de Madrid Carlos Clemente.
Tras asumir la causa, el TSJM apuntó a la "posible realización por Martín Vasco -durante su etapa como consejero delegado de la empresa pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A., vinculada al Ayuntamiento de Arganda del Rey-, de labores de intermediación en la adjudicación de proyectos urbanísticos desarrollados en ese ayuntamiento". También señaló la existencia de indicios de la "percepción" por parte de este diputado regional "de notables cantidades de dinero de personas relacionadas con sociedades favorecidas por esa adjudicación".
En cuanto a Crespo, de las investigaciones desarrolladas por el juez Garzón se desprende que era junto a Antoine Sánchez -también en prisión- el número dos del presunto líder de la trama de corrupción, Francisco Correa -también en la cárcel actualmente- que le puso al frente de sus sociedades en España. Su reacción ante la marcha de las pesquisas fue, junto al viaje que, con su ayuda, Correa tenía previsto realizar al extranjero el pasado 7 de febrero, uno de los detonantes de la operación Gürtel.
Así, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había advertido en un informe fechado el pasado 3 de febrero que "quedaba constatado el nerviosismo" de Crespo "al dar órdenes a otros miembros de la organización para que guardaran unas cosas y escondieran otras". El último de los citados para hoy, Adrián Senín Rico, era empleado de Orange Market -la filial en Valencia de la principal empresa de Correa, Special Events-, que estaba dirigida por Álvaro Pérez, conocido popularmente en el seno del PP como El Bigotes.
Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana desestimó ayer la petición de nulidad de actuaciones del juez Garzón referidas al caso Gürtel formulada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, según informaron ayer fuentes judiciales.
A través de un comunicado, el TSJCV explicó que las diligencias previas abiertas por la Sala de lo Civil y Penal contra Camps, el portavoz del PP en el parlamento valenciano, Ricardo Costa, el ex vicepresidente Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo Rafael Betoret por supuesto delito de cohecho, "seguirán su curso". De esta manera, el juez desestimó la petición de nulidad de Camps, aunque su decisión puede recurrirse.
