El juez instructor del caso de las supuestas facturas falsas de la entidad vecinal Unidad ha abierto una nueva línea de investigación tras las últimas denuncias del PP: ha solicitado a la Policía Nacional que investigue las relaciones entre el Grupo Municipal Socialista y el PSOE de Sevilla con la asociación.
En plena campaña electoral, el PP difundió un fax supuestamente enviado desde el Grupo Municipal Socialista que la oposición interpretó como las instrucciones para inflar una factura. Los populares ampliaron entonces su denuncia, presentada un año antes. En noviembre de 2007 volvieron a aportar nuevas pruebas. En este caso tras descubrir seis documentos de entre 2000 y 2005 con numerosos albaranes adjuntos que sumaban 22.490 euros. Supuestamente, se falsificaban recibos para justificar las subvenciones que se recibían.
Desde el primer momento, el PP vinculó estas dos denuncias, lo que implicaría al Grupo Socialista en una supuesta trama de falsificación de facturas que se prolongó durante cinco años. El titular del Juzgado de Instrucción número 14 ha dado una primera respuesta a través de una providencia, fechada el pasado 28 de noviembre. En ella, decide abrir una línea de trabajo: se solicita a la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental que investigue "las relaciones" entre la asociación Unidad y el PSOE de Sevilla, así como el vínculo "económico y comercial" entre la federación vecinal y la empresa Copyur, que expidió las últimas facturas supuestamente falsas difundidas por la oposición.
En la segunda ampliación de su denuncia, el PP pidió la comparecencia como testigos de responsables de las entidades bancarias BBVA y Cajasol. Éstas deberán remitir por orden judicial todos los movimientos de las cuentas abiertas a nombre de la federación vecinal Unidad desde 2000 hasta la actualidad.
En toda esta supuesta trama de falsificación de facturas, la entidad vecinal justificaba el importe de las subvenciones que recibía del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. De ahí que el juez responsable del proceso haya solicitado a las Administraciones local y provincial los justificantes de gastos de todas las subvenciones concedidas a la federación entre 2000 y 2005. Para aportar los datos, disponen de un plazo máximo de diez días.
Con la citada provindencia emitida desde el Juzgado de Instrucción 14 de Sevilla se abre una línea de investigación basada en algunos de los interrogantes y de las acusaciones planteadas por el PP. La oposición, sin embargo, aún no tiene respuesta para una de sus propuestas con más trascendencia política relacionadas con el proceso judicial: la declaración como imputado del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, en calidad de presidente del Grupo Socialista. La base de esta petición es precisamente esta supuesta relación entre el PSOE y Unidad que el juez ha ordenado ahora investigar.
Además del regidor, los populares pretenden que sean imputados el representante legal de Copyur, la responsable de esta empresa María Carmen Martín, y el hermano del portavoz del Gobierno andaluz Ángel Cervera. Como testigos, la oposición quiere que declaren Susana Delgado y Josefa Prado -cuyos nombres aparecen en el fax difundido por el PP en la campaña electoral y responsables de BBVA y Cajasol. De momento, según confirmaron desde el PP, el Juzgado de Instrucción número 14 no ha respondido a estas iniciativas.
