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El juez investiga malversación, falsedad y coacción en Invercaria

El exdirector de Promoción ratificó ayer la denuncia que interpuso por posibles irregularidades.

el 15 may 2012 / 21:21 h.

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Cristóbal Cantos.
El juez que investiga la gestión de Invercaria, la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía, cree que en la misma se pudieron cometer los delitos de malversación, falsedad de documentos y coacciones. Estos son los tipos delictivos por los que, de momento, están abiertas las diligencias tras la denuncia interpuesta por el exdirector de Promoción de la entidad Cristóbal Cantos, que ayer la ratificó ante el magistrado.

Según explicaron fuentes del caso, Cantos fue interrogado por el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, sobre la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló hasta diez irregularidades distintas en la gestión de Invercaria. Unas supuestas irregularidades que Cantos denunció tras ser puestas de manifiesto por la Fiscalía en el juzgado de lo Social, donde se resolvió la demanda interpuesta por este por su despido.

En ambos casos, el exdirector de Promoción aportó una cinta en la que supuestamente la expresidenta de esta entidad, Laura Gómiz, le presiona y le da órdenes para que redacte informes con fechas y datos falsos sobre ayudas ya concedidas, a lo que éste se niega. De hecho, Cantos aportó ayer una serie de documentos, correos electrónicos entre él y Gómiz, para acreditar estas presiones.

La declaración de Cantos, que comenzó a las 17.30 horas, se alargó durante tres horas, abandonando los juzgados por la puerta trasera por orden del juez, para que éste no pudiera atender a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta principal. También los letrados personados y el fiscal tuvieron que salir de los juzgados por otra puerta tras la advertencia del magistrado de que no contaran nada de la declaración a la prensa.

La propia Fiscalía Superior de Andalucía, que llevó la investigación hasta que la denuncia fue interpuesta en el juzgado, destacó la relevancia "penal" de estas irregularidades detectadas. El Ministerio Público envió un decreto al juzgado en el que solicitaba al juez que se investiguen los 278 proyectos subvencionados con 62 millones por parte de la empresa pública desde su creación en 2005 para así detectar los casos en los que haya habido irregularidades. Además, incidía en la "significativa" ausencia de control financiero interno.

Por el momento, el magistrado que investiga el caso no ha imputado a ninguna persona, pero, tras la declaración de Cantos, no se descarta que lleve a cabo las imputaciones y que cite a declarar a los posibles responsables. No obstante, tanto la Fiscalía de Delitos Económicos como el magistrado han solicitado diversa documentación que tendrá que ser aportada a la causa.

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