El juez del "caso Palma Arena", José Castro, notificará hoy el auto en el que decide si adopta medidas cautelares contra el ex presidente del Govern balear Jaume Matas, después de que la Fiscalía pidiera para él prisión eludible bajo fianza de tres millones de euros.
El magistrado José Castro ha dispensado al ex político balear de la obligación de acudir personalmente a la notificación del auto, tal y como le pidió su abogado Rafael Pereda, quien ha sido citado a las 10:00 horas en el juzgado de instrucción número 3 de Palma para recibir la resolución.
Aunque en un principio estaba previsto que se comunicara ayer, lunes, el auto, el juez ha retrasado veinticuatro horas la notificación debido a que no había concluido la resolución.
Fuentes jurídicas han explicado que el retraso del auto se debe a que el juez José Castro necesitaba más tiempo para completar su decisión judicial, debido a la complejidad e importancia del caso y a su repercusión social.
Jaume Matas, que es el principal imputado en el "caso Palma Arena", fue presidente de Baleares en dos legislaturas (1996-1999 y 2003-2007) y fue ministro de Medio Ambiente con el presidente José María Aznar.
Matas causó ayer, a petición propia, baja temporal como militante del PP tras 17 años en la formación, de la que fue presidente del partido en Baleares.
El auto de medidas cautelares del juez también afectará, en principio, a su cuñado Fernando Areal, antiguo tesorero del PP balear, pero para quien la fiscalía no ha pedido su prisión provisional eludible mediante fianza.
Los fiscales anticorrupción de Baleares Juan Carrau y Pedro Horrach solicitaron el pasado viernes al juez Castro que impusiera al ex presidente balear y ex ministro de Medio Ambiente una fianza para eludir la cárcel de tres millones de euros, así como la retirada del pasaporte, la prohibición añadida de salir de España y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días.
Para el ministerio fiscal, Matas ha cometido siete delitos de malversación y uno de prevaricación, otro falsedad en documento oficial, de fraude a la administración, blanqueo de capitales, un delito electoral y otro contra la Hacienda Pública.