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El juez ordena a la Cámara de Cuentas que dé todo el informe de los ERE

El magistrado avala al PP y a la Fiscalía y exige al órgano parlamentario que facilite todo el expediente

el 08 nov 2012 / 12:52 h.

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El número dos del PP-A, José Luis Sanz, ayer en rueda de prensa.

El Partido Popular difundió ayer un auto del juez suplente en el caso ERE, Iván Escalera, en el que el magistrado conmina a la Cámara de Cuentas de Andalucía a entregar el expediente administrativo completo de la auditoría efectuada sobre las ayudas de Empleo. El magistrado respalda las tesis de la Fiscalía y del PP, personado en el caso de los ERE, y exige toda la documentación sobre el informe de fiscalización efectuado por la Cámara de Cuentas de las ayudas sociolaborales afectados por Expedientes de Regulación de Empleo y empresas en crisis otorgadas por la Junta de 2001 a 2010. El auto, de 24 folios, tiene fecha de 31 de octubre y se difundió ayer.


Ésta es una de las polémicas que se ha cruzado en el ámbito político en la recta final de la comisión parlamentaria sobre el presunto fraude tejido con ayudas públicas y que supuestamente malversó más de 1.200 millones de euros. La Cámara de Cuentas, un órgano de extracción parlamentaria encargado de fiscalizar los fondos públicos, fue requerida por el Gobierno andaluz cuando ya había estallado el escándalo para elaborar una auditoría de los fondos públicos de Empleo durante una década. El órgano fiscalizador ha tardado más de un año en presentar sus conclusiones y no ha faltado la polémica.

Según trascendió públicamente, un primer borrador de este informe fiscalizador implicaba directamente al actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en su etapa como consejero de Economía y Hacienda, por no haber atendido los avisos de la Intervención General de la Junta sobre las irregularidades y la falta de soporte legal en el fondo de los ERE. Tras filtrarse a la prensa ese primer borrador, el actual presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, acudió a la Fiscalía y mandó frenar el informe. Meses después, hace un par de semanas, el órgano auditor remitió al Parlamento su informe definitivo, del que ha desaparecido buena parte de la carga política del primer borrador y en el que los consejeros del órgano parlamentario constatan el descontrol y el exceso de discrecionalidad en el reparto de las ayudas que ahora están bajo la lupa de la justicia. Ese dictamen contó con la abstención de los dos consejeros designados por el PP en la Cámara de Cuentas.


El conflicto podría haber quedado aquí pero va a más.
El órgano fiscalizador remitió a la comisión de investigación abierta en el Parlamento sobre el caso ERE el dictamen final pero no el expediente administrativo completo de la auditoría. El PP lo ha exigido por la vía parlamentaria y también en los tribunales, que ahora le dan la razón. Los populares, que el miércoles presentaron sus conclusiones sobre la investigación parlamentaria y exigieron la dimisión de José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otros 14 altos cargos, advirtieron de que si la Cámara de Cuentas no remitía toda la documentación requerida apuntarían igualmente al presidente del ente fiscalizador en la lista de responsables políticos del presunto fraude.


El presidente de la comisión, Ignacio García (IU), también ha reclamado el expediente completo de la auditoría. Entre la documentación que se resisten a aportar figura el primer borrador, las actas del pleno con el contenido de las deliberaciones y las directrices técnicas dadas en relación a la auditoría y un informe jurídico que avala que el Gobierno andaluz debió frenar las ayudas tras los avisos de la Intervención.


Asimismo el juez demanda a la Consejería de Empleo que remita con todo los detalles las ayudas a empresas en crisis. Igualmente reclama las ayudas a Cárnicas Molina y el expediente de la empresa Jerez Industrial S.A. El magistrado decretó el miércoles el secreto de sumario en el caso por un mes a petición de la Guardia Civil, que investiga nuevos delitos como asociación ilícita y blanqueo.

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