El Juzgado número 10 de lo Contencioso-Administrativo ha paralizado las obras del aparcamiento subterráneo en la calle Manuel Arellano, de Triana, y oirá el viernes al Ayuntamiento, después de que fuesen denunciadas por los vecinos de un edificio que ha sufrido movimientos y grietas.
Las obras del aparcamiento "Crucero Baleares" han provocado, según los vecinos de este bloque, que agrupa varias comunidades de vecinos, que el edificio, de seis plantas, haya sufrido varios desplazamientos, apertura de las juntas de dilatación de su estructura y grietas.
Por este motivo, independientemente de la paralización de la obra, los vecinos demandan al Ayuntamiento que se garantice la estabilidad de su estructura y que se reparen los daños que ha sufrido para que vuelva a su estado original y a su posición original, según explicó hoy a los periodistas la portavoz vecinal Concepción Sánchez.
La portavoz vecinal mostró hoy a los periodistas cómo tres obreros continuaban trabajando en el interior de la obra del aparcamiento, pese a la orden judicial de que quede paralizada.
El juez ha determinado que prime la seguridad de los ciudadanos, de los ocupantes del edificio que ha sufrido los desplazamientos por lo que ayer decretó "la inmediata paralización" de la obra, y ha determinado que el próximo viernes oirá a la administración municipal para tomar una decisión.
Sánchez añadió que lo que los vecinos demandan es que haya "medidas de seguridad concretas en el edificio".
Los vecinos, junto al recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento, enviaron al juez un informe de un arquitecto que incluía un estudio que determinaba que el edificio se ha movido y que se sigue moviendo.
El concejal del PP José Miguel Luque calificó de "pésima actuación municipal" la gestión del Ayuntamiento en este asunto por haber negado documentación a los vecinos y haber rechazado la petición vecinal de que se le den garantías por escrito sobre la situación del edificio, y añadió que el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, "ni se ha acercado, y eso que no vive lejos".
Los vecinos han actuado judicialmente contra el Ayuntamiento tras cuatro meses de espera, tiempo en el que no han recibido ninguna contestación satisfactoria.
