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El juez pide información sobre dos contratos sobre los 'intrusos' del ERE de la base de Morón

La investigación versa sobre la inclusión inicial de 31 'intrusos' en el ERE de la base aérea de Morón de la Frontera.

el 11 nov 2012 / 17:38 h.

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El Juzgado de Instrucción número 15 de Sevilla, que indaga el intento de incluir a 31 'intrusos' en el expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en los servicios civiles de la base aérea de Morón de la Frontera, ha requerido a la empresa estadounidense promotora de dicho procedimiento que informe sobre la extinción de los contratos de dos de los trabajadores, según han informado a Europa Press judiciales. Este ERE, como se recordará, contemplaba inicialmente 150 despidos, aunque el número final de puestos de empleo a extinguir se redujo a 119 al censurar la Inspección de Trabajo la inclusión de 31 empleados que ya habían causado baja en la empresa.

A través de una providencia fechada el 19 de octubre, la citada instancia judicial requiere a Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base aérea, que informe sobre "la extinción del contrato de los trabajadores" identificados como R.G.R. y F.J.P.R., pues "no consta certificación en la Dirección Provincial del Servicio Público Estatal", según las citadas fuentes.

'Vinnell-Brown ant Root Spain' (VBR), adjudicataria de los servicios civiles de esta base cuyo uso comparten las fuerzas aéreas de Estados Unidos y España, impulsó en 2010 un ERE "por causas organizativas" para extinguir 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento. Tras la correspondiente negociación, el 24 de noviembre de 2010, la compañía y el comité de empresa aprobaron un acta final que reducía a 150 el número de empleos a destruir.

LA AUTORIZACION DEL ERE

La autorización de este expediente de regulación de empleo, emitida el 9 de diciembre de 2010 por la delegada provincial de la Consejería de Empleo, Aurora Cosano, reflejaba que dicho departamento había solicitado previamente a la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social diversos informes en cuanto a este procedimiento.

En uno de estos informes, la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social señalaba que "examinados los contratos de trabajo y contrastadas las altas y las bajas, se ha detectado que 31 empleados causaron baja en la empresa con anterioridad al acuerdo suscrito". Tal "irregularidad", según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, constituía "un indicio racional de fraude".

EXCLUSION DE LOS 'INTRUSOS'

No obstante, la autorización del ERE recogía, merced a los informes de la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social, que el 1 de diciembre de 2010, la compañía y el comité de empresa habían ratificado el acuerdo contenido en el acta final pero "solicitando la exclusión del listado de contratos a extinguir los correspondientes a los trabajadores que ya no prestaban servicios a fecha del 23 de noviembre", lo que reducía a 119 el número de empleados acogidos al procedimiento.

El Juzgado de Instrucción número 15, de cualquier modo, investiga actualmente una denuncia formulada por varios extrabajadores de la base aérea que entienden que todos estos hechos sugieren "indicios" de fraude en el caso de las partes firmantes del ERE, prevaricación por parte de la delegada provincial de la Consejería de Empleo y "financiación ilegal y tráfico de influencias" por parte del alcalde de Alcalá de Guadaíra y senador, el socialista Antonio Gutiérrez Limones, y la comisión ejecutiva de la agrupación socialista de dicho municipio.

ACUSACIONES CONTRA CARGOS SOCIALISTAS

La denuncia, recogida por Europa Press, atribuye al alcalde de Alcalá el papel de "mediador en la sombra" en la negociación de este ERE al haber participado en "reuniones sin que se conozca quién le designa como tal". En paralelo, la denuncia avisa de que el otrora concejal socialista de Alcalá de Guadaíra Francisco García Jiménez "renunció a sus cargos" y se reincorporó a 'VBR', donde gozaba de una excedencia, el 13 de septiembre de 2010, "una semana después de que fuese elaborada la lista (de trabajadores afectados por el ERE) y dos semanas antes de que se solicitara el expediente de regulación de empleo".

"No existe error involuntario que provocara la inclusión de estos 31 'intrusos' en la lista, sino que estamos hablando de una decisión consciente de la empresa avalada por los firmantes del acuerdo (...) para engañar a la contratista, en este caso la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que exigía el despido de 150 trabajadores", resume la denuncia. El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, de su lado, defiende que el alcalde nunca "negoció" el citado ERE y que, como en otros conflictos laborales, se limitó a "mediar" para evitar que ciudadanos de Alcalá de Guadaíra se viesen afectados.

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