El juez José Castro es un veterano de la carrera judicial aficionado a las motos, un deporte de riesgo que abandonó tras vender la suya al entender que la velocidad conlleva peligros y que ha hecho de su medio de vida una afición, pero sobre todo un servicio a los ciudadanos, con independencia del caso y de las personas implicadas. Castro, de 64 años, aspirante a continuar entre autos y sentencias por lo menos hasta los 70, se ha convertido en el azote -junto a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares- del ex presidente de Baleares y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas, a quien le ha impuesto una fianza millonaria de tres millones de euros para eludir la cárcel por el caso Palma Arena. El magistrado cordobés del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ingresó en la carrera judicial en 1976 y desde entonces ha pasado por destinos como Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) o Sabadell. Fue en 1985 cuando recaló en Palma, la capital de Baleares. Castro tomó posesión del Juzgado de lo Social número 2 de la capital balear en 1985 y en 1990 fue trasladado al de Instrucción número 3 de Palma, aunque durante un tiempo tuvo que compaginar ambas obligaciones. Aficionado sin pasión al fútbol -es del Madrid pero no le importa que gane el Barça, si juega bien. En sus 34 años como juez no ha concedido ni una entrevista y no realiza declaraciones; y piensa seguir así, aseguran los que conocen a este juez que ha tenido que cambiar la moto por la bici y los paseos por prescripción facultativa. Para él, su único medio de comunicación posible son sus autos y sentencias. Ante las críticas, calla y defiende la libertad de expresión como derecho. Tampoco dirá nada tras la dura declaración de Álvarez Cascos, que ha dudado de su imparcialidad y ha criticado el lenguaje "tabernario" que a su entender ha usado el juez en su auto.
