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El juez rechaza dejar en libertad al acusado del atropello de Paseo Colón por riesgo de fuga

El abogado de la defensa entiende que no existe riesgo de fuga por parte del imputado, que además "no tiene antecedentes penales y cuenta con domicilio conocido, por lo que es evidente que no va a eludir la acción de la Justicia".

el 11 ene 2011 / 11:59 h.

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Las chicas fueron atropelladas en este paso de peatones.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla ha rechazado dejar en libertad a Fernando Vargas, el conductor acusado de atropellar mortalmente el pasado día 4 de abril de 2010 en el Paseo Colón de la capital hispalense a dos jóvenes, concretamente a Patricia Alfaro, de 26 años de edad y natural de Madrid, y a Almudena González, de 30 años y vecina de Mairena del Aljarafe (Sevilla), al entender que existe riesgo de fuga.

En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, por medio de un auto dictado el pasado día 30 de diciembre, el juez instructor ha denegado por segunda vez la petición de libertad planteada por el letrado del imputado por el doble atropello mortal, ya que entiende que existe riesgo de fuga y de reiteración del hecho delictivo, lo que ha motivado que la representación jurídica de Vargas interponga ante el mismo juzgado un recurso de reforma subsidiario de apelación en el que pide nuevamente la libertad provisional.

El abogado de la defensa entiende que no existe riesgo de fuga por parte del imputado, que además "no tiene antecedentes penales y cuenta con domicilio conocido, por lo que es evidente que no va a eludir la acción de la Justicia". La libertad se pide atendiendo también al hecho de que el acusado cumplió el pasado día 4 de enero nueve meses en prisión, lo que "es suficiente", ya que "no se trata de un delincuente peligroso y los hechos fueron completamente fortuitos".

Conviene recordar que, el pasado mes de noviembre, el abogado de Fernando Vargas solicitó su libre absolución argumentando para ello que su representado cruzó el semáforo cuando este se encontraba en verde para los vehículos y, en consecuencia, en rojo para los peatones, por lo que habrían sido las fallecidas las que cruzaron estando el semáforo rojo para ellas, han recordado las fuentes consultadas por Europa Press.

En el escrito, el letrado defiende que Fernando Vargas, para quien la Fiscalía pide nueve años y medio de cárcel, paró el vehículo de forma "voluntaria" y no "debido a un fallo mecánico", como señala el Ministerio Público, quien aduce que, con el impacto, el vehículo sufrió la rotura del manguito que alimenta de gasoil la entrada principal del motor, "por lo que el coche solo pudo continuar la marcha hasta que consumió el combustible que tenía en ese momento en el motor".

De este modo, ha indicado que, por el contrario, el imputado "paró el coche en cuanto pudo, pues hay que tener en cuenta además que Fernando no veía nada por el cristal, que estaba destrozado a consecuencia de la colisión", agregando que, una vez paró, "se bajó del coche sin saber qué había ocurrido" y se encontró "con un hombre -que no ha podido ser identificado a día de hoy- que le dijo que las víctimas habían cruzado el paso de peatones con el semáforo en rojo para ellas".

NO HUBO OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO

Por este motivo, rechaza la acusación realizada por el Ministerio Público, quien pide para el encartado cuatro años de cárcel por un delito de omisión del deber de socorro. Así, la Fiscalía ha solicitado en total nueve años y seis meses de cárcel y el pago de una indemnización de 96.869,86 euros para Fernando Vargas, pues entiende que condujo "de forma despreocupada, sin atender a las señales de tráfico y a una velocidad excesiva".

Así, le imputa cinco delitos, pidiendo un total de cinco años de prisión por los dos delitos de homicidio imprudente en concurso con un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria; cuatro años de cárcel por un delito de omisión del deber de socorro, y seis meses de prisión por un delito contra la seguridad vial derivado de conducir sin tener en vigor el permiso de conducir.

Las acusaciones particulares que ejercen las familias de Patricia Alfaro y Almudena González piden para el procesado 36 años y 12 años y seis meses de cárcel, respectivamente.

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