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El juez descarta imputar a Monteseirín por las ayudas a la Fundación DeSevilla

El juzgado rechaza la petición planteada por la entidad después de que el fiscal se opusiera

el 20 may 2014 / 12:25 h.

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monteseirin-torrijos No hay indicios que incriminen al exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín en las irregularidades detectadas en la aprobación de una subvención de casi un millón de euros para la Fundación DeSevilla, ni tampoco de los concejales que participaron en su concesión. Así lo considera el juez que investiga el caso, después de que la semana pasada la Fiscalía de Sevilla entregase un informe en el que se oponía a la implicación del exalcalde socialista en un caso en el que están imputados el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal de IU Carlos Vázquez y el gerente de la fundación Miguel López Adán. Fuentes del caso explicaron que el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas, ha dictado una providencia en la que asume los argumentos expuestos por el fiscal en su escrito para no imputar ni a Monteseirín, ni a los concejales y patronos de la entidad que participaron en la concesión de la subvención investigada. En dicho escrito, el Ministerio Público indicaba que en los hechos investigados no hay indicios «por el momento» de que Sánchez Monteseirín cometiera un delito de prevaricación en la concesión de una ayuda de 990.000 euros. La Fiscalía destaca que es cierto que hubo «reparos previos» de la Intervención a que se entregara parte de la ayuda porque no se había justificado una entrega anterior, pero luego en el consejillo previo a la Junta de Gobierno Local, el interventor «no dijo nada». En ese momento, además la fundación había aportado un aval para justificar la parte entregada de la subvención, que posteriormente no fue válido, lo que hizo que se pudiera entender como superados esos reparos. De esta forma, el Ministerio Fiscal respondía a la petición planteada por la Fundación DeSevilla que reclamó que se citara como imputado tanto a Monteseirín como al resto de concejales que intervinieron en la concesión de esta ayuda, de 990.000 euros, que se entregó para trece proyectos en Cuba, Nicaragua y Palestina. Un subvención que finalmente no fue debidamente justificada. La Fundación DeSevilla, que ejerce la acusación particular en el caso, explicaba en su escrito que sin la intervención de Sánchez Monteseirín y los concejales asistentes a la Junta de Gobierno Local de 20 de abril de 2011 «habría sido imposible la consumación de los hechos delictivos en torno al expediente 98/08», el de la subvención investigada. Según el interventor municipal, que en febrero declaró como testigo, la Junta de Gobierno Local aprobó «por unanimidad», «sin deliberación» y «a sabiendas de las discrepancias» la ayuda. Por ello, además de Monteseirín, la entidad pidió la imputación de los exediles Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez. Además, la entidad ampliaba las imputaciones no solo a la subvención citada, sino también a los expedientes 19/06 y 37/09, en los que «se observa claramente su paralelismo con el expediente 98/08 y la comisión de hechos delictivos de la misma naturaleza». Por el primero, Alberto Morilla como delegado de Cooperación al Desarrollo y Domingo Enrique Castaño, como representante de la fundación, acordaron la concesión de una subvención de 150.000 euros para tres proyectos de consumo sostenible de agua y eliminación de fugas en las instalaciones domésticas de La Habana, otro de mejora del proceso de potabilización del agua en Nuackchot (Mauritania) y otro para la gestión ambiental de residuos sólidos en Varadero (Cuba). Según los datos aportados por la fundación en su escrito, los 52.500 euros que se dieron para Varadero nunca se justificaron ni devolvieron, por lo que pidió la declaración como imputados de Morilla y Castaño, y de Silva, García Martínez, Carlos Vázquez, Manuel Copete y Miguel López Adán. Respecto al expediente 37/09, que implicaba una ayuda de 713.315 euros que «contó desde su inicio con los informes en contra del interventor», quien denunció que «se aprobó por la vía de urgencia sin el previo informe de esta dependencia». Unos hechos por los que la entidad reclamó la ampliación de la imputación para Carlos Vázquez, y Antonio Rodrigo Torrijos; y la de Manuel Copete, Juan Antonio Gilabert, Emilio Carrillo, Jon Ander Sánchez, Manuel Jesús Marchena, Rafael Fernández Serra y Gonzalo Rivas.

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