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El juez reclama 120.000 euros de fianza por los cuatro acusados del caso Camas

Cada acusado tendrá que abonar 30.000 euros en sólo 24 horas.

el 13 may 2010 / 18:08 h.

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El ex alcalde de Camas Agustín Pavón, a la izquierda, y el ex edil José del Castillo.

Los cuatro acusados por el presunto soborno a una concejal de Camas tendrán que abonar 30.000 euros cada uno como fianza para garantizar el pago de las posibles responsabilidades que se desprendan tras el juicio. El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Carlos Mahón, les ha dado un plazo de 24 horas para abonar los 120.000 euros que en total deberán entregar el ex alcalde de Camas Agustín Pavón, los ex concejales Antonio Enrique Fraile y José del Castillo y el empresario Eusebio Gaviño.

El requerimiento lo realiza el magistrado del caso en el auto en el que ordena la apertura del juicio, con el que cierra la investigación y manda la causa ante un jurado popular. El juez señala también que si los cuatro acusados no hacen frente al pago de la fianza, el juzgado procederá a embargarle sus bienes.

En dicho auto, el magistrado considera que hay que proceder a la apertura de juicio porque "las acusaciones no pueden considerarse infundadas o irrazonables", rechazando la solicitud de archivo que habían presentado la defensa de los acusados.

Según el magistrado, que da 15 días a las partes para personarse en la Oficina del Jurado y presentar las cuestiones previas al juicio, se considera probado que en junio de 2005 el empresario, "en nombre de un grupo inversor de Madrid", telefoneó al ex militante de IU Francisco Gordo para "desbloquear" la situación del Ayuntamiento de Camas. En la reunión le pidió que hablara con la ex concejal Carmen Lobo, de la que era amigo, para que "la convenciera para que votara a favor de las propuestas que se iban a presentar en seis plenos en los que se plantearían las modificaciones urbanísticas necesarias, todo ello a cambio de obtener un lucro económico importante".

Gordo y Lobo denunciaron lo ocurrido a la Policía Nacional, tras lo que mantuvieron varios encuentros "para ver hasta dónde llegaba la trama". En agosto de 2005, se reunieron los cuatro acusados y Gordo para concretar "los términos del acuerdo". Según relata el juez, Lobo debía apoyar varias propuestas urbanísticas, "a cambio de una importante cantidad de dinero, quedando patente que el resto de los participantes de la reunión también obtendrían beneficios económicos si las citadas propuestas eran definitivamente aprobadas".

Ya en septiembre, Gaviño concertó una cita con Gordo en la que le entregó "una nota manuscrita por Fraile" en la que le indicaba los puntos del pleno en los que debía votar a favor y un sobre con "12.000 euros" como adelanto. Finalmente, Lobo, que ya estaba de acuerdo con la Policía Nacional, votó en el pleno en contra de los puntos marcados.

Por estos hechos, la Fiscalía de Sevilla y el PSOE, que ejerce la acusación popular, reclaman un año y medio de prisión para cada uno de los cuatro acusados por un delito de cohecho. Los procesados, en cambio, insisten en que son inocentes.

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