Un funcionario saca una caja de la sede de la UGT Andalucía en el registro de diciembre de 2013.
El juez que investiga las facturas falsas de UGT-A ha solicitado a la Junta de Andalucía que identifique "a la mayor brevedad posible" los expedientes relativos a todas las subveciones otorgadas al sindicato entre los años 2009 y 2013, es decir, con Susana Díaz como presidenta del Gobierno regional. No obstante, desde la Junta siempre se ha defendido que las ayudas cesaron en 2011. En un auto notificado hoy a las partes, el titular del Juzgado de Instrucción número 9, Juan José García Vélez, ha requerido a la Junta que "a la mayor brevedad posible identifique todos y cada uno de los expedientes, correspondientes a subvenciones otorgados por la Dirección General de Formación de 2009 a 2013, ambos inclusive, en los que fue beneficiario la entidad UGT-A y para que indique la localización física de los expedientes a fin de realizarse la oportuna pericial".
Unas diligencias que el magistrado ha acordado a petición de la defensa de extesorero de UGT durante una década Federico Fresneda, imputado tras se detenido en la operación Cirene II. Fresneda pretende demostrar que el tanto por ciento que UGT se quedaba de las subvenciones era legal porque "existía un tanto procedente de la cantidad del mismo con un máximo del 20 por ciento al que se podrian aplicar gastos directos y costes asumidos".
Esta ampliació de documentación, salpica al Gobierno de Susana Díaz, ya que ella fue nombrada presidenta en septiembre de 2013. Sin embargo, lo cierto es que la Junta de Andalucía no otorgó nuevas subvenciones para formación a UGT a partir de 2011.
