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El juez Serrano pide el archivo de la causa al no existir "indicio alguno" de delito

La defensa argumenta que no se ha demostrado que hubiese prevaricación en la decisión judicial

el 20 jul 2011 / 12:52 h.

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El juez de Familia número 7, Francisco Serrano.

 

Después de que se hiciera público que el CGPJ había acordado suspender cautelarmente al juez Francisco Serrano por un presunto delito de prevaricación, ayer se conoció la postura de la defensa del magistrado.

En el escrito de defensa elevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del juez pone de manifiesto que, después de casi un año de instrucción y tras haberse practicado un importante número de diligencias documentales y haber oído las declaraciones de los testigos, "no existe en las actuaciones indicio alguno capaz de poner en duda" su correcto actuar "en la tramitación del procedimiento de medidas cautelares que ha dado lugar a la apertura de esta causa". Por ello, ha solicitado su sobreseimiento libre y el archivo de las actuaciones.

El juez Serrano está procesado por un presunto delito de prevaricación tras modificar el turno de custodia de un niño de 11 años establecido por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, ampliando en día y medio su estancia con el padre divorciado para garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugá sevillana.

En este sentido, pone de manifiesto que, "aunque es sabido que la inocencia no ha de acreditarse, pues el imputado goza de esa presunción", añade que "de todo lo actuado no solo se desprende la posible comisión de delito por parte" del juez Serrano, "sino que, al contrario, las diligencias practicadas lo han sido en su descargo". Por todo ello, la defensa del juez pide el sobreseimiento libre de la causa ya que "los hechos no son constitutivos de delito. Para el abogado, "la actuación del juez se encuadra en el ejercicio normal de su función jurisdiccional".

"En este asunto, se ha invertido la carga de la prueba y se ha practicado una auténtica prueba de la inocencia", prosigue el letrado del magistrado, que, en el inicio del escrito, asevera que, "si bien inicialmente se justificaba la apertura de diligencias contra el juez por razón de la verosimilitud de los hechos narrados y su posible relevancia penal, tras la instrucción de la causa han desaparecido los motivos que justificaron la investigación criminal abierta".

El abogado analiza también en su escrito la acusación de la Fiscalía, que argumentó que la actuación del juez "no vino corroborada por documento alguno del que se pudiera desprender el supuesto conflicto de intereses entre los progenitores" en cuanto a la salida del menor de paje. Al hilo de ello, el abogado asevera que dicho reproche "carece de relevancia penal" y que el testimonio del menor fue "suficiente y creíble" para que el juez considerase que la madre podría no permitirle participar en la procesión de Semana Santa, lo que el letrado considera como "legítimo deseo" del menor.

Habría que recordar que la acusación particular que ejerce la madre pide para el juez 20 años de inhabilitación y el pago de una multa de 14.400 euros por un delito de prevaricación dolosa, mientras que, en concepto de responsabilidad civil, solicita que indemnice a la madre con 60.000 euros por los daños morales y físicos sufridos; al menor con 100.000 euros por los mismos daños, "en particular el gravísimo estigma público", y al otro hijo menor de la querellante con 12.000 euros.

 

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