El Pleno del Poder Judicial tomará mañana la decisión más esperada y controvertida de los últimos meses: establecer la sanción al juez Rafael Tirado tras lo sucedido en el caso Mari Luz. El informe del instructor del CGPJ propone confirmar la multa de 1.500 euros y el fiscal exige suspenderle por tres años. El debate, jurídico y social, está servido.
Dos versiones sobre una misma realidad: Santiago del Valle no fue encarcelado por abusar de su hija pese a que tenía una condena de dos años y nueve meses de prisión. ¿El responsable? Ésa es la difícil respuesta que el renovado Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que afrontar mañana. Una decisión que pondrá a prueba si en el seno del órgano de gobierno de los jueces hay consenso y si este nuevo Pleno es capaz de revocar una decisión de su predecesor o si acabará secundándola.
Sobre la mesa hay un informe del instructor del expediente abierto al juez Tirado, titular del Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, que sólo consta de un folio. En el mismo, el vocal Félix Azón apuesta por confirmar la multa de 1.500 euros que le impuso la comisión disciplinaria por una falta grave, decisión que fue recurrida por la Fiscalía General del Estado -para aumentar la sanción- y por los abogados del propio magistrado -que creen que no debe ser sancionado al no considerarle responsable-.
De esta forma, Azón aconseja desestimar los dos recursos, aunque si se descarta la opción de la multa y se admite el documento del fiscal, propone que la sanción se eleve entre uno o seis meses de suspensión, lo que evitaría que Tirado tuviese que abandonar el destino en el que lleva años ejerciendo. Sin embargo, este informe no es vinculante para el Pleno del CGPJ, pero está claro que, al venir de un vocal elegido por el PSOE y teniendo en cuenta que el CGPJ es de mayoría progresista, podría marcar la decisión final.
No obstante, el abanico de opciones que se abre a cada uno de los 20 vocales es muy amplio: desde levantar la sanción al juez hasta suspenderleo durante tres años, pasando por confirmar la multa impuesta por la anterior comisión disciplinaria. De todas ellas, dentro de ese espectro de opciones, la que tiene menos papeletas es la que dejaría a Tirado libre de cargos, pues el instructor ha solicitado que el recurso del juez sea desestimado.
Argumentos. Las posturas del fiscal y Tirado están completamente encontradas. Mientras el Ministerio Fiscal llega a afirmar que el no encarcelar al presunto asesino de Mari Luz supuso "una quiebra del Estado de Derecho", el juez le replica que ha creado "de la nada" una falta muy grave.
De esta forma, mientras el magistrado considera que no tiene responsabilidad en la demora de más de dos años en el ejecutoria de Del Valle, sino que la función de "oficio y dirección técnico-jurídico" de esta parte del proceso judicial "se atribuye al secretario del juzgado". Además, Tirado recuerda que en 2006 dictó las resoluciones "precisas" para ejecutar la condena y que ninguna de las partes (Junta, acusación particular y Fiscalía) "instó medida cautelar alguna". El Ministerio Público, en cambio, insiste en que el juez tenía la obligación de "llevar a cabo las funciones de vigilancia y control" para que la ejecución de la sentencia no se "desvirtúe o malogre".
