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El juez ve indicios de siete nuevos delitos en el PP de Camps

Pedreira investiga un posible delito electoral en el partido nacional en las generales de 2008.

el 26 may 2010 / 20:38 h.

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Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana.

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, acordó ayer remitir al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP valenciano. El juez adoptó esta decisión ante la posible conexión entre los delitos investigados en Valencia y las actuaciones del TSJM, y para evitar que prescriban los presuntos delitos electorales que resultan de los informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban irregularidades en la financiación del PP regional.

El magistrado ve en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación. A estos delitos añade los de blanqueo de capitales porque "su conexión" con los anteriores es "indiscutible" como lo es, también, el de asociación ilícita.

Además, Pedreira señala que el PP nacional pudo incurrir en un delito de financiación ilegal en la campaña de las elecciones generales de 2008. Según el juez, "se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campaña electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". De ser así, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del PP en esas elecciones, cuya identidad en este momento se desconoce".

Volviendo a Valencia, el juez apunta al ex secretario del PPCV Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibáñez, como presuntos autores de un delito electoral. Aunque, también señala que no se puede "desdeñar el cargo" que ocupa en el partido el presidente valenciano, Francisco Camps.

Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un "importante porcentaje de la deuda" contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil "se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél". Otra parte -al menos 345.200 euros- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market".

Las facturas, añade el magistrado, "reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles" y que, de acuerdo con todos los indicios, "se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste". Los pagos, insiste, "no habrán sido reflejados" en las cuentas del PP de Valencia, lo que, según Pedreira, podría constituir delito electoral.

el cantante y el príncipe. El auto también nombra "al cantante" y "el príncipe", cuyas identidades se desconocen y que eran los encargados de efectuar "pagos opacos por cuenta del PPCV a Orange Market", cuyos ingresos obtenidos en 2007 "de forma opaca" fueron de 2.565.891,01 euros.
Además, Pedreira se refiere a las presuntas irregularidades entre las empresas vinculadas a Correa y la Administración valenciana entre 2004 y 2009 que destacaba el informe de la Unidad de Auxilio Judicial para sumar los delitos de prevaricación y cohecho, ya que las supuestas infracciones "podrían estar relacionadas con pagos o regalos efectuados" a las personas que intervinieron en la contratación.
Con este auto, el juez Pedreira desmiente que la imputación de Camps se base sólo en un delito de cohecho impropio. Es decir, deja invalidado el argumento del PP de que el president no pudo venderse "por tres trajes" regalados por la trama de Correa. De hecho, con estos nuevos datos, dirigentes del PP consultados por Europa Press consideraron que el auto del juez Pedreira reviste "mucha más gravedad" que el caso de los trajes, lo que debería llevar al presidente de la Generalitat a reflexionar sobre la conveniencia de dejar su cargo. "Esto tiene mayor gravedad que lo de los trajes y, aunque sean indicios, ya tiene un valor añadido en términos de exigencia de responsabilidad política", resumió un miembro del Comité Ejecutivo del partido.

Así, en este contexto, y con los nuevos indicios, los dirigentes consultados creen que hay más motivos para que el presidente autonómico haga el gesto de presentar su dimisión.

reacciones. En esta coyuntura, la oposición valenciana habló aún con más dureza. Así, la portavoz adjunta del grupo Compromís en las Cortes Mònica Oltra dijo que Francisco Camps no podía "acabar el día siendo president de la Generalitat", e instó a Rajoy a decidir "si el PP quiere ser cómplice de los corruptos".

Por su parte, el portavoz de los socialistas en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, aseguró que, tras el auto del juez Pedreira, "hay un inminente un acto formal de imputación" contra el presidente de la Generalitat que podría "perder su condición de presidente por una sentencia que lo inhabilite".

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