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El juicio a 17 guardias civiles por cobros en la aduana se aplaza

Un jurado popular sustituirá al tribunal que se declaró incompetente

el 17 ene 2011 / 21:23 h.

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El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga que iba a juzgar ayer el caso de los 17 guardias civiles denunciados por pedir dinero a pasajeros extranjeros en el aeropuerto de la capital, suspendió el juicio porque se declaró incompetente, ya que considera que este caso debe ser juzgado por un jurado popular.


El caso sucedió en el año 2005 cuando la Unidad Central Operativa de la Dirección General de la Guardia Civil supo que algunos de los trabajadores del aeropuerto malagueño, pedían dinero a los pasajeros extranjeros a cambio de poder pasar el equipaje junto con ropas, dinero y alimentos que en algunos casos no están permitidos ya que pueden provocar enfermedades en algunos animales por infección.


En noviembre de ese mismo año, al recibirse una denuncia de un familiar de un pasajero, se pidió una autorización judicial para que una de las cámaras ubicadas en una cinta de la terminal, enfocara al lugar donde se pedía y entregaba el dinero, incluso que se instalara otra en una oficina de la aduana para así ser conscientes de ese intercambio ilegal. Con este método se llegó a observar varias peticiones de dinero de los acusados entre el 20 de enero y el 8 de febrero del 2006.


Además, los investigadores del caso tuvieron conocimiento de que parte de la comunidad china instalada en la capital de la Costa del Sol advertían a sus familiares que debían llevar 50 euros cuando viajaran a Málaga para evitar problemas al trasladar el equipaje. Las principales víctimas de esta trama ilegal son pasajeros asiáticos aunque también se dio el caso en una familia nórdica.


La Fiscalía malagueña acusa a 11 agentes por un delito de cohecho, por el que pide una suspensión de empleo o cargo público a cada uno de ellos durante tres años y una multa que dependerá de cada caso individual. También pide a otro seis guardias civiles una suspensión y una multa de tres años y nueve meses, por un delito continuado de cohechos. El ministerio fiscal incluyó en su escrito que cuatro de estos seis acusados, cometieron un delito de omisión del deber de perseguir delitos, solicitando dos años de inhabilitación.


Entre los guardias civiles impicados en la trama, también se encuentra un hombre de origen chino que está acusado por cohecho.


Tras una deliberación de 20 minutos, el tribunal aceptó las cuestiones previas presentadas por uno de los abogados que lleva a varios de los agentes procesados, sobre la falta de competencias de la Sala en función de los delitos por lo que se acusa y propuso que la causa vuelva al juzgado instructor para que se tramita según el procedimiento de la Ley del Jurado.

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