El juicio de los ERE entra en campaña

Los comicios autonómicos estarán marcados por los ERE fraudulentos, como lo estuvieron en las pasadas elecciones municipales y generales.

el 06 mar 2012 / 21:46 h.

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, sale del cuartel de la Guardia Civil en Sevilla.

Con las elecciones andaluzas del próximo 25 de marzo serán tres los comicios bajo la influencia del caso ERE, la investigación por las presuntas irregularidades en los expedientes de regulación de empleo. Municipales, generales y ahora autonómicas, cuya campaña comenzará con la sombra de la declaración del principal imputado, el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que dará hoy la cara por primera vez ante la jueza, a dos días del arranque electoral tras más de un año imputado. Como aperitivo, ayer Mercedes Alaya imputó a Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde de Cazalla de la Sierra (Sevilla) y hermano del expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla.

Guerrero, que ha declarado una vez ante la Policía Judicial y dos ante la Guardia Civil, llegará hoy dispuesto a contestar a las preguntas de Alaya, a las del fiscal y a las de su defensa. No hará lo mismo con el resto de acusaciones y defensas, pese a que fuentes de su entorno afirman que está dispuesto a "tirar de la manta". Por eso, lo que Guerrero diga hoy será de vital importancia para el devenir de la investigación y de los posibles imputados que ello pueda acarrear. Las palabras de Guerrero, de hecho, ya han provocado la imputación del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá y, señalan directamente al exconsejero de Empleo y actual senador socialista José Antonio Viera. Máxime, cuando Antonio Fernández, que también ocupó este cargo, engorda desde hace meses la lista de imputados, que ya va por 53. Eso sí, implicar a Viera supondría elevar el caso al Tribunal Supremo debido a su carácter de aforado, y no parece que Alaya quiera deshacerse por ahora del caso.

Ni PSOE ni PP perderán puntada de lo que diga Guerrero, cuya declaración se podría alargar hasta mañana, porque sus revelaciones entrarán de lleno en una campaña que los socialistas encaran con una decena de cargos implicados, entre ellos tres directores generales que controlaron el llamado fondo de reptiles, incluido el actual responsable de Trabajo, Daniel Rivera, lo que implica al Gobierno de José Antonio Griñán, al que incluso ha apuntado la jueza en algún auto. El último en sumarse, el exalcalde de Cazalla.

Pero la declaración de Guerrero no será la única que interfiera en la carrera por el Gobierno andaluz. El 20 de marzo, a cinco días de las votaciones, el exchófer del exdirector general de Trabajo está citado a declarar ante la jueza. Él fue quien relató a la Guardia Civil que destinó gran parte de las ayudas que le otorgó su jefe para "comprar cocaína" para ambos. Un bombazo, teniendo en cuenta que recibió más de un millón de euros para empresas fantasmas. Si Juan Francisco Trujillo reitera sus palabras ante la instructora, la recta final de la campaña se le hará cuesta arriba al PSOE, que ya sabe lo que es luchar contra estas injerencias. Él y sus socios de Gobierno, como ocurrió en la lucha por la Alcaldía sevillana, que ganó el PP con una mayoría histórica.

Y es que el caso, que ahora pone en jaque a Griñán y los suyos, tuvo su origen en una investigación sobre la gestión de Mercasevilla, a raíz de una grabación que ponía la voz de alarma en abril de 2009. Su entonces director general, Fernando Mellet, que había dimitido meses antes por "motivos personales", y su adjunto Daniel Ponce reclamaban a unos empresarios una comisión de 300.000 euros por hacerse con la gestión de la futura escuela de hostelería de la lonja. Las miradas se tornaron hacia la Junta de Andalucía, en concreto, hacia la Delegación Provincial de Empleo y al que entonces era su responsable, Antonio Rivas. Mellet le señaló como el que ideó solicitar a estos empresarios una comisión después de que el proyecto lograra de Empleo una subvención de 900.000 euros. Alaya le imputó, y Rivas se vio obligado a dimitir. La primera víctima política, que luego también se vería implicada en los ERE al aparecer su cuñado y personas de su entorno como intrusos en uno de ellos.

Pero el caso no se quedó ahí, sino que al ponerse en cuestión la gestión de Mercasevilla se investigó la operación más importante de la empresa mixta: la venta de sus terrenos. La jueza comenzó a cuestionar el concurso público convocado y el reguero de imputaciones comenzó llevándose por delante al círculo del exalcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín, al que llegó a señalar en varios de sus autos. El primero fue un exasesor del regidor, al que seguirían un exconcejal del PSOE y expresidente de Mercasevilla y la mano derecha de Monteseirín, Manuel Marchena, que fue gerente de Urbanismo; y a quien en ese momento ocupaba dicho cargo.

Faltaba un hombre al que Alaya había estado señalando desde el principio, el que entonces era primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos. Lo imputó el 8 de abril de 2011, al filo de una campaña electoral en la que él era el número uno de IU por la Alcaldía de Sevilla. Esto ya escamó tanto a los socialistas como a IU, que tuvo que afrontar la campaña con los dos primeros de la lista imputados (la segunda Josefa Medrano estaba procesada también por Alaya en otro caso, del que ha resultado absuelta tras el juicio). Pero lo que encendió los ánimos contra la jueza fue el hecho de que decidiera dictar el auto en el que citó a declarar a Torrijos, y a Marchena que esperaba su citación desde octubre de 2010, dos días antes de las elecciones municipales del 22 de mayo. IU llevó la decisión ante la Junta Electoral, sin que nada se pudiera hacer.

Para ese entonces, el caso de los ERE ya les había explotado a los socialistas. Todo surgió de los expedientes de regulación de empleo de Mercasevilla al detectarse en el de 2007 al primer intruso, que resultó ser un cargo socialista de Jaén. La Policía Judicial comenzó entonces a revisar otros ERE con nexos en común con Mercasevilla, como la empresa mediadora, Vitalia, o el conseguidor y exsindicalista Juan Lanzas. Río Grande, Hitemasa, fueron las primera de una larga lista, lo que obligó a la Junta a iniciar una investigación, cuestionada por la magistrada.

Las generales tampoco se libraron del influjo de Alaya, que en plena campaña emitió un auto en el que reclamó documentación relativa a la Consejería de Economía y Hacienda, de la que fue titular Griñán. La resolución hizo que el número dos por Sevilla, Alfonso Guerra, arremetiera contra la jueza por sus injerencias en los comicios e insinuara su relación con el PP. Unas palabras que provocaron que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reaccionara en defensa de la magistrada. Unos antecedentes que hacen prever una campaña más que movida.

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