Será la segunda vez que los tres acusados por las facturas falsas de la Macarena se sienten en el banquillo tras la suspensión en octubre del juicio. Como aquella vez, la sombra de un posible acuerdo previo para evitar el juicio, y la cárcel, planea de nuevo. De momento, las posturas están encontradas.
La cita es a las 10.00 horas del lunes. Sólo un posible acuerdo de última hora podría evitar que los tres acusados por el caso de las facturas falsas de Macarena no se sienten en el banquillo. No obstante, el precedente del mes de octubre, cuando el ex secretario del distrito José Marín renunció a su letrado por negociar una conformidad, hace muy difícil que dicha posibilidad llegue a buen puerto. Más aún cuando el acuerdo sería similar al entonces propuesto: abonar los 20.254,62 euros (más intereses) defraudados a las arcas municipales a cambio de eludir la prisión, rebajando las penas a dos años de prisión.
El jurado popular que deberá juzgarlos se conformó el viernes y estará formado por cinco mujeres y cuatro hombres. Ante ellos se sentarán, además de Marín, el empresario José Pardo y el colaborador del distrito Manuel Portela. El fiscal pide para ellos penas que van desde los cinco años y tres meses al año y cinco meses por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.
Crisis municipal. Las supuestas irregularidades cometidas en el Distrito Macarena en el pago de diversas facturas fueron destapadas por el Partido Andalucista el 8 de marzo de 2005, lo que sumió al Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín en una crisis que se llevó por delante al entonces edil de dicho distrito, José Antonio García, quien días después presentó su dimisión junto con Marín tras admitir que el Consistorio pagó 4.800 euros por unas obras en San Diego que no llegaron a ejecutarse. El concejal estuvo imputado en la causa casi tres años, hasta que en enero de 2008, el Juzgado de Instrucción número 15 lo exculpó al no presentar la Fiscalía acusación contra él, ya que "sólo se limitaba a firmar lo que Marín le ponía por delante".
Según la Fiscalía, Pardo "se valió" a partir de diciembre de 2002 del nombre de la empresa Contratas y Obras de Sevilla, SL para "obtener" adjudicaciones de obras menores urgentes y lograr "una ganancia a título personal", cuya ejecución las determinaba Marín, tarea en la que Portela "le ayudaba". Pardo presentó 28 facturas de obras a primeros de mayo de 2003, "siéndole satisfechas mediante cheques nominativos" que rellenó con su puño y letra y que firmó José Antonio García.
El fiscal afirma que Marín mandó a fotocopiar los cheques para remitírselos a la Intervención Municipal, tras lo que escribió en los originales el nombre de Pardo para que pudiera cobrarlos. Entre las facturas había varias obras que no llegaron a ejecutarse, pero que se cobraron doble y otras cuatro que tampoco se realizaron y se cobraron.
