Los tres acusados por la Fiscalía en el caso de las supuestas facturas falsas de Macarena, que tambaleó los cimientos del Ayuntamiento, intentan fozar un acuerdo in extremis para eludir la cárcel. Devolverían el dinero defraudado -20.254,62 euros- a cambio de la rebaja en un grado de las acusaciones.
Un acuerdo de última hora podría desembocar en la suspensión del juicio por el caso de las facturas falsas en el Distrito Macarena, cuyo inicio estaba fijado para mañana. Los acusados pretender llegar a una conformidad que evite el juicio, para lo que deben depositar en el juzgado antes de mañana los 20.254,62 euros más intereses en que el fiscal cifró el dinero defraudado a las arcas muncipales, a cambio de lograr una rebaja de la pena en un grado. De este modo, ninguno de los acusados podría ser acusado a más de dos años de cárcel, lo que les libraría de su paso por prisión al carecer de antecedentes penales o tenerlos ya prescritos.
Las supuestas irregularidades cometidas en el Distrito Macarena en el pago de diversas obras, descubiertas en 2005, provocaron que el Gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín se sumiera en una crisis que se llevó por delante al entonces edil de dicho distrito, José Antonio García, y a su secretario, José Marín, hoy acusado en la causa.
El caso fue destapado por el Partido Andalucista, que el 8 de marzo de 2005 interpuso una denuncia contra García y su equipo por el libramiento injustificado de 600.000 en 2003, poco antes de las elecciones. El huracán llegó entonces al Ayuntamiento, pese a que en un principio el alcalde -que tuvo que admitir "falta de celo administrativo- descartara ceses y dimisiones. Poco después, el 19 de marzo de 2005, García y Marín presentaron su dimisión, tras admitir que el Consistorio pagó 4.800 euros por unas obras en la barriada de San Diego, que no llegaron a efectuarse.
Un terremoto político que desencadenó una reacción en cadena de los partidos que se tradujo en denuncias mutuas en las que se destapaban nuevos casos de supuestos cobros ilegales de facturas por la realización de obras en los distritos. El PSOE intentó llevar a los tribunales al PA por supuestas irregularidades en las facturas de los cuatro distritos que gobernó en su etapa con los socialistas; e IU hizo lo propio con el PP -también por cobro de facturas en los distritos-.
Éste último, también se subió al carro de la Justicia, presentando diversas facturas que no prosperaron en la vía penal, como el resto de denuncias que llegaron a los tribunales, convertidos en el escenario de las batallas políticas. La única denuncia que prosperó, tiempo después, fue la presentada por el PP relativa a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos Unidad, cuya investigación sigue en curso.
Pero más allá de las luchas políticas, el caso cambió la forma de trabajo de los distritos, pues desde el Ayuntamiento se dio orden de no fraccionar las obras -táctica con la que se logra evitar el concurso público, al ser trabajos de pequeña cuantía- y se recomendó no adjudicar demasiados trabajos a la misma empresa. La autorización final de las obras pasó a ser responsabilidad de los coordinadores y directores generales, quienes debían estampar su firma en lugar del edil de turno, quien se libraba con esta maniobra de una posible responsabilidad penal, tal y como le ocurrió a José Antonio García, que se libró en el último momento de sentarse en el banquillo de los acusados.
Juicio . Los que sí tendrán que enfrentarse al veredicto de un jurado popular, de celebrarse el juicio, serán el ex secretario del distrito José Marín, el empresario José Pardo y el colaborador del distrito Manuel Portela.
En el juicio, cuyo comienzo está fijado para mañana a las 10.00 horas, Marín se enfrenta a los cinco años y tres meses de prisión que le reclama la Fiscalía de Sevilla por los delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, además, de 1.350 euros de multa y ocho años de inhabilitación total.
En el caso de Pardo, al que el fiscal le acusa de los mismo delitos, la pena que reclama es de cuatro años y tres meses, la misma multa y cuatro años de inhabilitación absoluta. A Portela el Ministerio Público le imputa, en calidad de cómplice, un delito de malversación por el que solicita un año y cinco meses de prisión y otros dos años y seis meses de inhabilitación absoluta.
El fiscal reclama también que se indemnice al Ayuntamiento de Sevilla con 20.254,62 euros, cantidad a la que asciende las obras objeto de la causa, de las que deberá responder subsidiariamente Portela, en caso de que no lo hagan Marín y Pardo. Precisamente, esta cantidad es la única que reclama el Consistorio, que no ha presentado acusación contra ninguno de los procesados. El Partido Andalucista, que ejerce la acusación popular, eleva por su parte la condena que reclama para Marín a los 12 años de prisión y 13 de inhabilitación. Para Pardo y Portela los andalucistas solicitan diez años y seis meses de cárcel.
Los hechos . Según recoge la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, Pardo se "valió" a partir de diciembre de 2002 del nombre de la empresa Contratas y obras Sevilla S.L. para "obtener" adjudicaciones de obras menores urgentes y lograr "una ganancia a título personal". Este tipo de trabajos inferiores a 2.400 euros se llevaban a cabo a petición de las asociaciones de vecinos y su ejecución las determinaba Marín.
En esta tarea, relata el fiscal, le ayudaba el colaborador del distrito Manuel Portela -que no tenía ingresos fijos, pero que "percibía el reintegro de gastos por desplazamientos y dietas"-, que se encargaba, por orden del secretario, de llamar a las empresas adjudicatarias, "en este caso a Pardo", y de "comprobar in situ" junto a Marín que las obras se realizaban.
Pardo, que conocía el funcionamiento de la adjudicación "a través del partido político que pertenecía", logró que le llamaran desde el Distrito para pedirle presupuestos de obras que presuntamente confeccionó a nombre de la compañía COS. De esta forma, presentó 28 facturas - "que tenían algunas diferencias relevantes con los usuales de la sociedad"- de las obras a primeros de mayo de 2003, "siéndole satisfechas mediante cheques nominativos" que rellenó con su letra y que firmó José Antonio García.
Marín, según la Fiscalía, mandó a fotocopiar dichos cheques para remitírselos a la Intervención Municipal, en los que figuraba el anagrama de COS, salvo tres de los talones que sí tenían el nombre de José Pardo. Fue después cuando el secretario del distrito escribió el nombre completo del empresario para que éste pudiera cobrarlos.
Entre las obras figuran la demolición de módulos en Las Almenas y en San Diego, que para la Fiscalía es la "misma factura duplicada", que nunca se ejecutó. Tampoco fueron ejecutadas cuatro obras más, pero sí fueron cobradas por Pardo.
