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El juicio sobre las 36.000 acciones de Lopera bajo sospecha se celebrará en marzo de 2015

Dieciséis accionistas sospechan de su legitimidad. Si ganan el juicio, el ex máximo accionista perdería la mayoría absoluta en el capital social del Betis.

el 10 jun 2014 / 00:29 h.

Manuel Ruiz de Lopera, tras una de sus comparecencias en los juzgados / Paco Puentes (EFE) Manuel Ruiz de Lopera, tras una de sus comparecencias en los juzgados / Paco Puentes (EFE) El Juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla acogió este lunes la audiencia previa al juicio por la demanda interpuesta por dieciséis accionistas del Betis contra Farusa, es decir, Manuel Ruiz de Lopera, porque dudan de que 36.869 de las 60.327 acciones que posee sean suyas. La vista sirvió para fijar la fecha del juicio, que se celebrará ni más ni menos que el año que viene, en concreto el 23 y 24 de marzo de 2015. La acusación confiaba en que fuese tras el verano, pero el colapso en los juzgados es enorme y no hay ningún hueco hasta dentro de nueve meses. Teniendo en cuenta las pruebas que se aportarán y los testigos que comparecerán, se prevé que el juicio se desarrollará durante dos días antes de quedar visto para sentencia. La audiencia previa también sirvió para que se aprobasen algunas de las pruebas solicitadas por la acusación, por ejemplo la presentación de documentos bancarios fundamentales, como las cuentas corrientes del Betis en 1992. Por su parte, la defensa de Lopera volvió a insistir en que hechos similares se están juzgando en la causa penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 6. El caso es trascendental para el futuro del Betis. Si la demanda tiene éxito, Lopera pasaría de controlar el 51,34% del capital social a tener el 29,09% y perdería la mayoría absoluta. Los accionistas, además, sospechan que otras 11.424 acciones fueron pagadas por Farusa con tres pagarés procedentes de cuentas del propio club. Este capítulo derivará en otra demanda inmediata si la que está en marcha se salda con una sentencia en contra de Lopera. Farusa está acusada de no pagar esas 30.869 acciones, adquiridas mediante la subrogación de un préstamo de las cajas. Las otras 6.000 acciones bajo sospecha eran de José Léon y Manuel Morales; Farusa las recobró en 1995. Según la demanda, provenían de un préstamo impagado a Unicaja incluido en la deuda que asumió el plan de saneamiento. La demanda también pide que un administrador judicial controle esas acciones si se levantan las medidas cautelares que ahora mismo existen sobre todo el paquete de Farusa.

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