El jurado popular encargado del caso de las facturas falsas del Distrito Macarena, en Sevilla, declaró hoy culpables de un delito de malversación y otro de falsedad documental al ex secretario del citado distrito José Marín y al contratista José Pardo, al entender el tribunal que los acusados se beneficiaron de obras no ejecutadas hace ya cuatro años.
La portavoz del tribunal encargada de leer el veredicto informó de que el jurado ha declarado culpable por unanimidad a José Marín de permitir "conscientemente" que José Pardo se beneficiara de cobrar "indebidamente" obras que no llegaron a realizarse y de alterar varios cheques añadiendo de su puño y letra el nombre de Pardo para "eludir" los controles de la Administración.
Del mismo modo, los nueve miembros del jurado han coincidido en declarar culpable a José Pardo por "beneficiarse" del cobro de las citadas obras y por presentar documentos en nombre de Contratas y Obras de Sevilla (COS) para el referido cobro a sabiendas de que la actividad de la empresa había terminado.
Según el jurado, José Pardo presentó facturas para cobrar varias obras previstas en el Distrito Macarena "pese a conocer que no se habían ejecutado o que se habían ejecutado parcialmente", con lo que "pretendía obtener más dinero que el que le correspondía" por los citados trabajos.
Así las cosas, según el veredicto, Pardo presentó facturas por más de 6.000 euros por la instalación de pivotes y solería en distintas calles del distrito --algunos de aquellos pivotes no fueron instalados-- y por la demolición de módulos en San Diego, pese a que aquel derribo no llegó a ejecutarse.
No obstante, el jurado reconoce que maquinaria y trabajadores de Pardo se presentaron en dos ocasiones en San Diego "con el propósito de derribar los módulos", si bien no pudieron hacerlo "por circunstancias ajenas a su voluntad".
Precisamente, esta última justificación del jurado ha sido una de las armas de las representaciones jurídicas de Marín y Pardo para solicitar una pena inferior a lo que correspondería por los delitos de malversación y falsedad documental con la sustracción de más de 6.000 euros --de tres a seis años de prisión--.
En los juicios con jurado popular que concluyan con la culpabilidad de los procesados, las partes deben modificar sus conclusiones si pedían inicialmente la absolución y ajustarse a la horquilla de años de prisión establecida en el Código Penal para cada tipo de delito, sin afectar esto a que posteriormente puedan recurrir las sentencias.
MODIFICACION DE LAS PENAS
Así las cosas, a juicio de José María del Nido, abogado de Marín, si el jurado reconoce que trabajadores y maquinaria de Pardo estuvieron en dos ocasiones en San Diego para derribar los citados módulos, reconoce, por tanto, que hubo un gasto, por lo que, a juicio del letrado, el supuesto beneficio de los acusados no hubiera superado los 4.000 euros.
Con esta justificación, Del Nido indicó que no sería posible condenar a su defendido y, por ende, al otro acusado, a más de seis meses de prisión por cada delito, ya que el Código Penal establece que para estos delitos la pena oscila entre seis meses y tres años cuando el beneficio de los acusados no es superior a 4.000 euros.
Esta argumentación de las defensas no ha sido compartida por los acusadores, el Ministerio Fiscal y el Partido Andalucista. En este sentido, el representante del Ministerio Público, Antonio Ocaña, ha mantenido para Pardo dos años y seis meses de prisión como cooperador de malversación y 21 meses por falsedad documental, mientras que los andalucistas solicitan seis años y cuatro años y seis meses, respectivamente.
Para Marín, el Ministerio Fiscal pide tres años y seis meses por malversación y un año y seis meses por delito de falsedad documental no continuada, mientras que el PA pide seis años de cárcel por cada uno de los dos conceptos. De todas formas, Ocaña ha dicho que no tiene "espíritu de dureza" y comprendería "una pena menor".
Finalmente, el jurado se ha mostrado desfavorable a una posible suspensión de la pena y a la concesión del indulto. El juicio ha quedado visto para sentencia.
En estas dos semanas de juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla, el hecho más destacable se vivió el pasado martes después de que el juez encargado del caso decidiera exculpar a uno de los tres inculpados inicialmente --el ex colaborador del Distrito Macarena Manuel Portela-- al entender el magistrado que no había pruebas para condenarlo, tal y como reclamaba la Fiscalía de Sevilla y el Partido Andalucista, que ejerce la acusación particular.
