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El jurado del caso Camas decidirá si hubo soborno

el 13 nov 2012 / 14:50 h.

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Un miembro de la plataforma Stop Desahucios delante de una sucursal de Bankia en Madrid.
El jurado popular encargado de enjuiciar el presunto intento de soborno a la exconcejal del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo deberá decidir si, efectivamente, los acusados intentaron "comprar" el voto de la exedil o si, por el contrario, los denunciantes "provocaron deliberadamente" a los imputados en el marco de una "trama-trampa" para que Agustín Pavón (IU) dejara de ser alcalde de la localidad.


El magistrado presidente, Javier González, ha hecho entrega este martes a los miembros del jurado -compuesto por nueve mujeres y un hombre como suplente- del objeto del veredicto, compuesto por 16 preguntas a través de las cuales el jurado deberá decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los cuatro acusados, como son Pavón; el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile; el exedil del PA José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño.

En el objeto del veredicto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado plantea únicamente cuatro preguntas favorables a los acusados, según las cuales el equipo de gobierno quedó en minoría después de que Agustín Pavón revocara sus atribuciones a Carmen Lobo a cuenta de una sentencia en la que resultaron condenados por un delito de estafa procesal tanto ella como el exmilitante de IU Francisco Gordo.

Tras ello, Lobo permaneció como concejal no adscrita, por lo que el jurado deberá decidir si esta situación "generó" un "fuerte enfrentamiento" con Agustín Pavón y si, al estar el equipo de gobierno en minoría, "le era imposible adoptar" medida alguna que precisara la aprobación del pleno municipal, por lo que "desde entonces se encontraba en una situación de práctica paralización".

"CONTRAPRESTACIONES ECONÓMICAS"

Pasando a las 14 preguntas desfavorables para los procesados, los miembros del jurado deberán determinar si, "con la idea de poner fin a la situación de bloqueo" del Ayuntamiento y poder aprobar determinados proyectos urbanísticos, Pavón, Del Castillo y Fraile "se pusieron de acuerdo" en 2005 con Gaviño "para obtener el voto favorable" de Carmen Lobo "a cambio de contraprestaciones económicas".

El jurado, asimismo, tendrá que decidir si los acusados, "conociendo la influencia política que mantenía" Gordo sobre la exconcejal, contactaron con éste para que "abordara" a Lobo, de manera que el empresario Eusebio Gaviño "contactó" con el exmilitante de IU "pidiéndole entrevistarse" con él personalmente, lo que se produjo al menos en dos ocasiones en las que el empresario le manifestó "que detrás de todo el entramado se encontraba el gobierno municipal de Camas y que habría recompensas económicas".

Los miembros del jurado tendrán que pronunciarse sobre las referidas "entrevistas", la primera de las cuales se mantuvo en julio de 2005 en un restaurante de Sevilla, mientras que la segunda se efectuó en agosto de 2005 en casa de Gaviño, con la presencia de Gordo y de los cuatro acusados.

"POSIBLE TRAMA DE CORRUPCION POLITICA"

Sobre este último encuentro, el jurado deberá decidir si, "tras una serie de reproches mutuos, entre todos llegaron al acuerdo de que Gordo convencería a Lobo para que, a cambio de un beneficio económico para él y para Lobo, no determinado y que cambiaría según los proyectos llevados al Pleno para su aprobación, ésta última votara favorablemente su aprobación" en dicho pleno.

También deberá determinar si los contactos entre el empresario y Gordo "se sucedieron a lo largo de los días siguientes en forma tal que, convencido" el exmilitante de IU "de la firmeza y seriedad de los propósitos" del acusado, compareció el 8 de septiembre de 2005 ante la Policía "para denunciar una posible trama de corrupción política", así como si Gordo puso en conocimiento de Lobo estas reuniones, "decidiendo ambos que fingirían acceder a los ofrecimientos para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar los acusados".

El jurado, igualmente, analizará si, "como continuación del plan", Gaviño se entrevistó con la exconcejal el 12 de septiembre de 2005 en un bar del polígono 'El Manchón', en el curso de la cual el empresario, "a cambio de su voto en los plenos para apoyar una serie de modificaciones urbanísticas", le hizo el ofrecimiento "de grandes cantidades de dinero, llegando a ofrecerle, además, un piso en la playa a poner, no a su nombre, sino al de alguien de su confianza, y aconsejándole constituir una sociedad para poder ocultar el dinero a recibir".

EL SOBRE CON LOS 12.000 EUROS

A continuación de esta reunión, el jurado deberá decidir si se produjo un segundo encuentro esa misma tarde-noche en la 'Taberna Medieval', donde Gaviño "entregó" a Lobo "un sobre con 12.000 euros --en billetes de 500 euros-- como primera entrega a cuenta de parte del dinero prometido, a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del pleno del Ayuntamiento que se celebraría el 13 de septiembre de 2005".

Dichos puntos "se recogían en una nota escrita que se entregó junto con el dinero y que fue confeccionada" por Fraile, todo lo cual "constituiría el comienzo de su colaboración con el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Camas".

Antes de explicar el objeto del veredicto, el magistrado presidente ha comenzando su intervención señalando que "por fin llegó ese día del que, en principio, dudábamos todos" después de que uno de los acusados, en referencia al empresario, "le echara un pulso al tribunal", lo que motivó su ingreso en prisión durante cinco días para asegurar su presencia en el juicio.

"EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS"

Al hilo de ello, y tras pedir al jurado que aplique "la lógica y el sentido común", el juez ha explicado en qué consiste un delito de cohecho y ha señalado que, en el presente caso, "el fin no justifica los medios", añadiendo además que la enemistad existente entre los denunciantes y Pavón no implica que sus testimonios no tengan credibilidad.

Tras la entrega del objeto del veredicto, los miembros del jurado se han retirado a deliberar y a decidir sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, para quienes el fiscal y la acusación popular que ejerce el PSOE piden 18 meses de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros por un delito de cohecho.

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