El jurado popular que enjuiciará, siete años después de que supuestamente se produjeran los hechos, la causa correspondiente al supuesto intento de soborno denunciado por la que fuera concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo, asunto que estalló el 14 de septiembre del año 2005, ha quedado constituido con la peculiaridad de que todos sus miembros son mujeres, a excepción de un suplente que es hombre.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que el jurado popular se ha constituido en la mañana de este viernes en la Audiencia Provincial de Sevilla, donde no han acudido, porque no estaba previsto, ninguno de los cuatro acusados, como son el exalcalde de Camas Agustín Pavón (IUCA); el exconcejal del PP Antonio Enrique Fraile; el exedil del PA José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño.
En este sentido, las mismas fuentes han señalado que los nueve miembros titulares del jurado son mujeres, mientras que como suplentes han quedado un hombre, músico de profesión, y una mujer, todos los cuales enjuiciarán este caso a partir del próximo martes y no del lunes, como estaba previsto, debido a la coincidencia con el veredicto por el presunto intento de cohecho en Mercasevilla.
Así, el inicio de la vista oral con las declaraciones de los acusados se ha retrasado un día para que, el lunes, el magistrado presidente del juicio por el presunto intento de cohecho en el merca, Angel Márquez, pueda hacer entrega del objeto del veredicto al jurado en la misma sala donde se celebrará el juicio por el caso Camas, tras lo cual el jurado se retirará a deliberar.
Volviendo al caso Camas, el jurado está conformado por dos mujeres en paro, un ama de casa, una estudiante de quinto curso de Derecho, una economista, una titulada superior y una empresaria, entre otros.
En su escrito de acusación, la Fiscalía pide para cada uno de los acusados de intentar sobornar con 12.000 euros a la concejal un año y medio de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros. Tras la constitución del jurado el 19 de octubre, no será hasta el día 22 cuando declaren los imputados.
De este modo, el Ministerio Público relata en su escrito que en el año 2005 y los anteriores, "y como consecuencia de una serie de vicisitudes políticas", el Ayuntamiento camero "se encontraba en una situación de práctica paralización", ya que al estar el equipo de Gobierno en minoría "le era imposible adoptar medida alguna que precisara" la aprobación del pleno municipal.
En este sentido, añade que los acusados "decidieron poner fin a la situación del bloqueo del Ayuntamiento", y con el fin de lograrlo "ofrecieron un beneficio económico" a Carmen Lobo, para que ésta, "que ya había formado parte del equipo de Gobierno y cuya salida del mismo lo dejó en minoría, volviese" al Ayuntamiento, tras lo que precisa que, "conociendo los acusados la influencia política que sobre la exedil mantiene Francisco Gordo --expareja de Lobo y exmilitante de IU-- y teniendo en cuenta la naturaleza de lo que pretendían, decidieron abordarla a través de Gordo, que alejado de la política activa podía facilitarle sus propósitos".
Al hilo de ello, la Fiscalía indica que, en los primeros días de julio de 2005, Gaviño se entrevistó con Gordo y le informó de que "tenía pensado realizar una serie de negocios inmobiliarios en Camas, para lo que le pidió su colaboración", y además "le comentó lo beneficioso que sería para dichos planes que se desbloqueara la situación en que se encontraba" el equipo de Gobierno del Consistorio camero.
De igual modo, añade que, a mediados de julio, y también en un establecimiento hostelero de la capital hispalense, Gaviño mantuvo una nueva reunión con Gordo "y le manifestó expresamente que el equipo de Gobierno y él mismo habían pensado en él --Gordo-- como la persona indicada para desbloquear" la situación de "ingobernabilidad" del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que el alcalde de Camas "se encontraba muy arrepentido del trato que les había dispensado a él y a Lobo". Además, Gaviño le dijo que se esperara a que llegaran el resto de acusados, pero Gordo "alegó que no quería verlos y se marchó del lugar".
Asimismo, sobre finales de julio de 2005 hubo una nueva reunión entre Gaviño y Gordo, esta vez en El Ronquillo, y allí el acusado por estos hechos le expuso que para "desbloquear" la situación del Consistorio camero "se precisa el voto de un concejal más, y que el concejal en el que había pensado era Carmen Lobo". Además, en agosto de 2005 los acusados se reunieron con Gordo en el domicilio de Gaviño, en Bormujos, donde "tras una serie de reproches mutuos, entre todos llegan a un acuerdo por el que Gordo convencería" a la ex edil "para que, a cambio de un beneficio económico para ambos, votara favorablemente la aprobación en el pleno" de los negocios inmobiliarios que quería llevar a cabo Gaviño.
El Ministerio Público añade que, desde que comenzaron las reuniones, Gordo "puso en conocimiento" de Carmen Lobo las mismas, "y desde que intuyeron las pretensiones de los acusados, ambos decidieron que fingirían acceder a sus pretensiones para comprobar hasta dónde estaban dispuestos a llegar", al tiempo que indica que, tras algunas reuniones más, Gaviño se reunió con Lobo el día 12 de septiembre de 2005, un encuentro que se puso en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial.
En este encuentro, y según asevera la Fiscalía, Gaviño "le manifiesta que la reunión era la continuación de lo que Gordo ya le había hablado, y le hace ofrecimientos de grandes cantidades de dinero a cambio de su voto en los plenos del Ayuntamiento, acordando volver a verse ese mismo día por la noche".
Así, agrega que esa misma tarde-noche, Gaviño y Lobo se reunieron en un establecimiento de la calle Torneo de la capital hispalense, donde Gaviño "le entregó 12.000 euros a cambio de votar favorablemente" en unos determinados puntos del pleno que se celebraría el día 13 de septiembre de 2005, "puntos que se recogían en una nota escrita que se entrega junto con el dinero y que fue confeccionada por el propio Fraile".
Por último, y tras señalar que esta reunión se efectuó con el conocimiento de la Policía, el Ministerio Público pone de manifiesto que, terminada la reunión, Lobo acudió a las dependencias policiales, donde depositó el dinero recibido. Al día siguiente, 13 de septiembre de 2005, Lobo votó en el pleno municipal en contra de los puntos para cuyo voto favorable "había recibido los 12.000 euros".
