El jurado del caso Mercasevilla lo ha visto claro: el exdelegado de Empleo Antonio Rivas, el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet y el exdirectivo Daniel Ponce son culpables de haber intentado imponer un soborno de 450.000 euros al Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería del mercado municipal, que la Junta de Andalucía había subvencionado con 900.000 euros. La funcionaria Regla Pereira, en cambio, ha sido exculpada de los cargos.
Después de dos días de deliberación, el jurado ha considerado probado que Rivas, al saber que se había concedido esta subvención, se puso de acuerdo con Mellet y Ponce para pedir una comisión ilícita a los empresarios. Los nueve miembros del jurado han dado por cierto, también por unanimidad, que los acusados sabían que esa comisión era ilegal y que acordaron que el pago se hiciera en efectivo, en un maletín que se dejaría "olvidado" en un despacho, según se desprende de la grabación que hicieron los empresarios de La Raza al sentirse extorsionados y que pudo escucharse durante el juicio.
El juez Ángel Márquez, que ha presidido el tribunal, deberá ahora dictar sentencia contra Rivas, Mellet y Ponce, teniendo en cuenta el dictamen de culpabilidad del jurado. El fiscal del caso ha mantenido su petición de que sean condenados a 900.000 euros de multa, que de no pagarse sería sustituida por un año de cárcel; y a 21 meses de suspensión para empleo y cargo público.
El abogado de la Fundación Mercasevilla, Juan Piñeyro, se ha adherido a la petición del fiscal pero añadiendo 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil para la fundación porque la subvención fue paralizada, lo que le ocasionó un daño "patente". El letrado de la acusación particular que ejerce el PP, Luis García Navarro, que solicitaba para los acusados tres años de inhabilitación y multa de 1,3 millones, ha rebajado su petición para unirse también a la de la acusación pública.
El veredicto debía aclarar si la petición de dinero que quedó recogida en las conversaciones que grabaron los empresarios fue una "mordida" o, como aseguraban las defensas de los imputados, una "negociación" en torno a la gestión de la escuela de hostelería. Y por unanimidad, el jurado ha apoyado que los exdirectivos de Mercasevilla, "con ánimo de enriquecimiento ilícito", estuvieron de acuerdo en condicionar la concesión de la gestión de la escuela de hostelería al pago de 300.000 euros, a los que sumaron otros 150.000 "con la excusa de destinar esta cantidad a sufragar la acometida de electricidad" del local donde se iba a instalar la escuela. "No sabía si realmente lo pedían para la Junta o para ellos, lo que sí sabía es que era una estafa", llegó a declarar Pedro Sánchez Cuerda, uno de los empresarios que destapó el caso. Pero el tribunal no ha contemplado otra opción que el que fuese para enriquecerse ellos.
Pero quizá el punto más significativo del veredicto sea otro hecho, que el jurado considera probado de forma unánime y que implica al exdelegado de Empleo, a quien durante el juicio parecía que las pruebas favorecían. Nadie había llegado a señalarlo directamente como implicado en la petición de la comisión. Su departamento no fue el que concedió la subvención de 900.000 euros para la escuela de hostelería. Los empresarios de La Raza ignoraban de quién había partido la orden de cobrarles la "mordida" y Mellet, al negarse a declarar en el juicio, tampoco había dicho si Rivas fue quien le ordenó hacerlo -como sí había dicho ante la Policía-. Como tampoco aparecía en las grabaciones de los empresarios en las que se escucha a Mellet y Ponce pedir el dinero, Rivas parecía con un pie fuera del caso.
Sin embargo, el jurado considera demostrado que los exdirectivos de Mercasevilla dijeron a los empresarios que a cambio de esos 300.000 euros se les concederían subvenciones para cursos de formación, y estos cursos sí eran competencia de Rivas, de lo que los nueve miembros del jurado deducen que existió "una concertación" entre el exdelegado de Empleo y Mellet. El jurado declara que Mellet y Rivas "han estado siempre en contacto, existiendo concierto para solicitar la comisión", aunque añade que los hosteleros de La Raza se negaron a dar dinero y la subvención se frenó cuando la Junta denunció el caso a la Fiscalía.
El jurado ha rechazado por ocho votos a uno que los condenados sean indultados o a que se les suspenda la pena de prisión que les corresponda si no pagan la multa a la que se les condene.
