El alcalde de Tomares, José Luis Sanz, durante la presentación de su proyecto de teleférico. / Paco Puentes (Nphoto)
El juzgado de Instrucción número 6, del que es titular la juez Mercedes Alaya, y al que por reparto le ha tocado investigar el caso de 11 presuntas contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Tomares, presidido por el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz, ha solicitado un informe a la Fiscalía para que ésta se pronuncie si ha detectado que se haya podido cometer alguna ilegalidad.
La oposición municipal PSOE, IU y PA denunció a principios de año posibles irregularidades en la contratación de 11 trabajadores y extrabajadores por el Consistorio, porque estimaba que se podía haber cometido un fraude si se había prescindido de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, para haber favorecido a personas relacionadas directa o indirectamente con el PP.
Según explicó ayer el portavoz del PA en el Ayuntamiento de Tomares, Alberto Mercado, estos supuestos casos de enchufismo, como pueden ser delito público y la Fiscalía puede ser parte, el juzgado tiene que preguntarle su opinión al respecto.
Mercado censuró que supuestamente en el Ayuntamiento de Tomares se está produciendo un reiterado incumplimiento de las normas de contratación pública en la selección de personal y casos de enchufismo. Además, criticó que hay personas que ocupan puestos sin que tengan los títulos académicos que se exigen o empleados que han accedido a un puesto con un perfil a medida para luego ser contratados en otra dependencia municipal.
Esta denuncia por presunto enchufismo se presentó después de que a petición de la oposición se celebrase un pleno extraordinario para que se aclarasen estos presuntos casos de contrataciones irregulares. En su día, el Gobierno de José Luis Sanz, que gobierna con mayoría absoluta en Tomares, indicó que en dicha sesión se desmontarían las dudas que tenía la oposición, porque siempre se ha actuado con total limpieza, atendiendo en todo momento a la legislación vigente. Algo que no sucedió y que impulsó a la oposición a acudir a los tribunales.
También por una falta de transparencia en la adjudicación de una plaza de conductor, el vecino de Tomares Miguel Vela García acudió al Defensor del Pueblo para denunciar su caso. Este aspirante a conductor municipal se quejó de que el Consistorio no le dio información alguna sobre cómo se realizó la selección de una plaza a la que optaba. Vela García indicó que se le negó el listado de candidatos y la baremación, tan sólo se le facilitó, y después de mucho reclamar, el nombre de los tres miembros del tribunal y cómo se realizó la baremación.
Ante este oscurantismo, este vecino decidió acudir al Defensor del Pueblo, porque ni a mí ni a nadie que conozco que se presentó para ocupar este puesto fueron llamados para realizar la entrevista que tenía una puntuación máxima de 33 puntos.
Además de esta denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de personal, al equipo de Gobierno de Tomares la oposición también le acusa de supuesta malversación de fondos públicos por, entre otras cuestiones, pasar facturas de restaurantes desmesuradas con cargo a las arcas municipales en las que en algunas de ellas se incluían comidas de lujo. Los populares las justificaron como gastos de protocolo. Este caso, según Mercado, todavía está pendiente de calificación.
