Con retraso sobre la fecha inicial y con una resolución firme, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla aceptó el requerimiento de Por Nuestro Betis (PNB) para convocar una Junta General Extraordinaria, cuya celebración ha sido fijada finalmente para el próximo 13 de diciembre en primera convocatoria y el 14 en la segunda en el Hotel Al-Andalus.
La decisión judicial es firme y el Betis, que ya presentó sus alegaciones en el plazo estipulado, no podrá interponer ningún recurso.
El auto emitido informa, además, que un agente del juzgado, Antonio González Díaz, será el encargado de ejercer la presidencia, mientras que Carmen Zambrano Armero será la secretaria de una Junta en la que el actual consejo no asumirá el papel de controlador.
La decisión podría ocasionar que los servicios jurídicos del club de La Palmera opten por fusionar la celebración de la Junta Extraordinaria, la del 14 de diciembre, con la Ordinaria, sin fecha pero que debe producirse antes del fin de 2010, pues el escaso margen de tiempo entre una y otra originaría una sobresaliente movilización de los actuales rectores.
En la Junta Extraordinaria del 14 de diciembre, los interventores de los derechos políticos de la masa accionarial de Farusa, Rafael Gordillo, Juan Manuel Gómez Porrúa y Luis Ruiz de Huidobro, que controlan el 51% del total de las acciones de la entidad, nombrarán un nuevo consejo de administración en el que, tal y como anticipó ayer El Correo, el propio Gordillo sería elegido presidente de un órgano de gobierno compuesto por entre 7 y 9 miembros.
Por otra parte, en la plana mayor del poder no habría representación alguna de los actuales consejeros ni de los que colaboraron en la etapa final de Manuel Ruiz de Lopera.
Aunque las previsiones iniciales apuntaban a que la Junta se celebraría entre el 1 y el 10 de diciembre, las alegaciones formuladas por los servicios jurídicos del Real Betis, que cumplieron con la legislación, demoraron el fallo del Juzgado de lo Mercantil, ante cuya resolución no cabe recurso en una instancia superior, tal y como informó ayer a El Correo el abogado Juan Manuel Gómez Porrúa. "Es una decisión firme y ya no hay vuelta atrás, es el principio del fin del actual modelo de gobierno", se congratuló el jurista.
Informe de la Guardia Civil
En el capítulo judicial, otro de los temas que adquirió un protagonismo especial fue el informe que entregó la Guardia Civil a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, la letrada Mercedes Alaya, el pasado miércoles y que ayer debió haber sido remitido a los procuradores de las plataformas opositoras, con el fin de detallar qué grupos han podido avalar la operación de la venta de acciones de Farusa a Bitton Sport.
Citados en el despacho de la jueza Pilar Carrero, procuradora de Por Nuestro Betis (PNB), Noelia Flores, de Béticos por el Villamarín (BXV), y por la Liga de Juristas Jesús León González, la propia Alaya iba a entregar el informe, de unos 120 folios de extensión, aunque un problema informático retrasará el proceso al día de hoy.
En otro orden, Gómez Porrúa indicó a esta redacción que uno de los objetivos del nuevo consejo será que el club no se acoja a un concurso de acreedores para paliar su déficit acumulado. "No es la única solución, hay más vías en las que ya insistiremos cuando se constituya el consejo", finalizó.
