Las viviendas ilegales de Arahal comienzan el año acorraladas por la Justicia. El juzgado penal 6 de Sevilla ha ordenado la demolición de una vivienda de la localidad, cuyo propietario fue condenado en sentencia firme por un delito contra la ordenación del territorio pero que hasta ahora se había negado a cumplir el derribo. Precisamente, Arahal es dónde más actuó la Fiscalía de Medio Ambiente a lo largo de 2008, notificando 201 atestados por construir en suelos no urbanizables.
Fuentes judiciales han informado a la agencia Efe de que el acusado fue condenado por dicho juzgado a una pena de cárcel que incluía también la demolición de la vivienda, levantada en un suelo no urbanizable de la zona conocida como La Lapa. Al negarse a derribar por sí mismo la totalidad de lo que le ordenó el juzgado, éste decidió emprender la demolición a costa del condenado, según explican las fuentes.
Las viviendas levantadas en el paraje La Lapa son uno de los núcleos contra los que ha emprendido acciones con más fuerza la Fiscalía especial para delitos de Medio Ambiente y Urbanismo, por estar levantadas en zonas protegidas no urbanizables y sin posibilidad de regulación futura.
Los juzgados de Sevilla y la Audiencia provincial, por su parte, han emprendido la línea de condenar, junto a la pena de cárcel, a la demolición a costa del propietario de la edificación ilegal con objeto de devolver el terreno a su estado primitivo. En caso de no ejecutar la orden judicial, los jueces están denegando la suspensión cautelar del ingreso en prisión por considerar que el condenado no ha cumplido la responsabilidad civil derivada del delito, que es restablecer el suelo a su estado original.
Arahal es una de las localidades de Sevilla con más construcciones ilegales. El propio Ayuntamiento contabilizó unas 1.500 parcelas hace unos meses, aunque los propios propietarios llegaron a elevar la cifra a 5.000 viviendas levantadas en terrenos calificados como no urbanizable. Santa Ello, San Francisco-La Matilla, Pago Redondo o Los Olivares son algunas de la larga lista de urbanizaciones de carácter ilegal. Tal fue la situación, que la Fiscalía de Medio Ambiente calificó en su día de “francamente escandaloso” el uso de suelo rústico para la construcción de viviendas.
El Ayuntamiento, consciente de la situación, acordó en febrero elaborar un inventario de las edificaciones y parcelas ilegales que se situaban en su término municipal para buscar una solución a estas construcciones en colaboración con la Junta. En todo caso, explicaron que ese inventario no excluiría la demolición de las construcciones que no tengan cabida en el planeamiento, ante la imposibilidad de “paralizar o dilatar” un proceso judicial.
