«Existirían indicios que pudieran determinar la imputación del propio alcalde, José Luis Sanz», «no pudiendo eludirse la posible responsabilidad por los hechos del alcalde, que suscribe la contratación». Son las dos frases con las que la jueza que investiga la supuesta contratación irregular del Ayuntamiento de Tomares con el actual concejal de Medio Ambiente, Juan Campos, justifica su inhibición a favor del Tribunal Supremo ante la condición de aforado de la que goza Sanz como senador del PP. La magistrada se apoya para ello en un informe policial que concluye que «consta el pago de una retribución a Campos sin justificar soporte contractual suficiente y sin acreditarse la efectiva presentación de servicios», por los que percibía 2.000 euros mensuales. En la investigación están imputados cuatro ediles que ya han anunciado que van a recurrir el auto a la Audiencia Provincial, mientras el PSOE ya ha solicitado la dimisión de Sanz.
Pese a que el auto está fechado el 30 de abril, la decisión de la jueza no se dio a conocer públicamente hasta ayer en plena campaña para las europeas. Un varapalo para el PP y para el hombre que se postulaba como candidato del PP al Gobierno andaluz, pero que finalmente no contó con el apoyo de Mariano Rajoy, quien dio su respaldo a Juan Manuel Moreno Bonilla. Una decisión en la que le pudo perjudicar este caso ante el temor de que le salpicara como finalmente ha ocurrido.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8, Reyes Flores, ha decidido remitir el caso al Tribunal Supremo porque «ante la condición de aforado» de Sanz «procede estimar la incompetencia de este juzgado para continuar la instrucción y dirigir en su caso la imputación frente al mismo». Una vez en manos del Alto Tribunal será éste el que decida si imputa y abre diligencias contra José Luis Sanz. No obstante, los concejales del PP anunciaron ayer que van «a recurrir ante la Audiencia Provincial de Sevilla», por entender que «el auto presenta grave irregularidades», por lo que solicitarán su archivo. «El Ayuntamiento siempre ha actuado correctamente, ha respetado la legalidad, que las contrataciones se han ajustado a derecho y no se ha defraudado dinero alguno del erario público», afirma la nota de prensa.
Sin embargo, la magistrada señala al alcalde después de que la Policía Nacional haya «puesto claramente de manifiesto» que los informes entregados al inicio de la investigación por Campos «han sido elaborados en el año 2013 con el fin de intentar justificar el cobro de las facturas», cuando el contrato se hizo entre octubre de 2007 y octubre 2009. El informe de la Policía Científica afirma que «tales documentos fueron elaborados en febrero de 2013 y borrados en noviembre de dicho año» y que «las fotografías que los ilustran no fueron tomadas en las fechas indicadas, en los años 2007-2008, sino en fechas posteriores», según destaca la instructora en su auto, al que tuvo acceso este periódico. «Igualmente, no se esclarece qué tareas realizaba cada mes para sustentar las facturas que emitía», añade. Según la juez, Sanz suscribió con Campos «un contrato menor de consultoría y asistencia estableciendo unos honorarios fijos mensuales de 975 euros y 150 euros por la elaboración de informes de especial complejidad». Ya en 2010, el alcalde volvería a firmar otro contrato con él, «sin que conste en modo alguno qué funciones realizó Campos en este periodo».
Para la magistrada, los hechos relatados puede constituir un delito de «prevaricación y malversación» por parte de los imputados.
