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El Juzgado estima las cautelares de la demanda civil contra Lopera

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla ha estimado las medidas cautelares de la demanda civil presentada por 17 accionistas béticos a Manuel Ruiz de Lopera.

el 27 jul 2012 / 11:21 h.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla emitió ayer un auto en el que acepta adoptar medidas cautelares sobre los 36.869 títulos accionariales propiedad de Farusa que, presuntamente, no fueron abonados el 30 de junio del ya famoso 1992. 

El documento judicial, rubricado por la magistrada María Dolores Cuesta, prohíbe a Manuel Ruiz de Lopera disponer de las 30.869 acciones que suscribió aquel año sin presuntamente desembolsarlas y de las 6.000 que recibió posteriormente tras acordar el trasvase con Manuel Morales Luna y José León Gómez, expresidente de la entidad en varias etapas.

La adopción de medidas cautelares de naturaleza mercantil, primer punto de la demanda civil firmada por el abogado Javier Romero Martínez-Cañavate -de RZS Abogados y Economistas- e interpuesta por 17 accionistas, algunos integrados en las plataformas de la oposición -PNB, BXV y Liga de Juristas-, significa una garantía adicional a las cautelares aplicadas por la jueza Mercedes Alaya en la fase de instrucción por la vía penal de un posible delito societario cometido por Lopera.

En el auto, la magistrada dicta la intervención judicial de las acciones y el nombramiento de un administrador en el caso de que sean suspendidas las medidas cautelares adoptadas por vía penal en el Juzgado de Instrucción número 6. En el supuesto de que la propia jueza instructora u otro órgano judicial adoptase el levantamiento de las cautelares que permiten al abogado José Antonio Bosch controlar el paquete accionarial de Farusa en calidad de interventor de sus derechos políticos, otro administrador judicial sería designado para controlar aquellas que están suspendidas por vía mercantil. De las decisiones adoptadas se insta al Real Betis a la reseña en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad Anónima (SAD).

Del mismo modo, la magistrada, que no apunta decisión alguna sobre el pago de las costas al ser sólo la vista previa del caso, aplica la caución -fianza- que habrían de depositar los demandantes. Establece en un 10 % del valor nominal de las acciones intervenidas la cifra a depositar, 221.582,69 euros.

Según se recoge, la fianza debe ser el 10% del valor nominal del total las acciones, aunque no existe plazo para consignarlo, un tema que los 17 demandantes debatirán en septiembre. Esa medida es adoptada por la jueza para que los denunciantes respondan ante los hipotéticos perjuicios que se pudieran derivar de la adopción de medidas cautelares al demandado.

Otro asunto que generó un especial interés en el entorno de la entidad fue el papel que asumirá desde ahora José Antonio Bosch, interventor de los derechos políticos de las acciones de Farusa e integrante del consejo.

Según ha podido conocer El Correo, su función no se solapará con la decisión de ámbito mercantil, pues conservará su administración hasta que las medidas cautelares por vía penal cesen o se conozca definitivamente la sentencia del caso penal que investiga el presunto delito societario.

Finalmente, y según aseguraron ayer a este diario miembros de la oposición, se advierte indicio de delito y no coincidente con el que se investiga en el Juzgado de Instrucción número 6.

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