Hasta ahora, y tras el anuncio de suspensión de pagos de Contsa, sólo se conocía la denuncia por estafa de uno de los inversores afectados, Manuel Jiménez. Sin embargo, un juzgado sevillano ya estaba tramitando una denuncia anterior a ésta.
Según informaron fuentes del caso, el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla había abierto diligencias previas por al menos una denuncia, también por un presunto delito de estafa. De esta forma, cuando Manuel planteó la suya el 5 de febrero, ésta se unió a las actuaciones que ya se habían incoado. No obstante, las mismas fuentes no han podido precisar si la primera denuncia se dirigía, al igual que la de Manuel, contra Fernando Laffore, vicepresidente de la entidad, o contra el presidente de la misma, José Salas, o algún otro directiva. Se da la circunstancia que en la reunión de los inversores, celebrada el martes, todos se mostraron contrarios a denunciar, menos Manuel, por el temor de que el proceso judicial destapara dinero negro.
Citado.
De esta forma, al unirse ambas denuncias, pues se trata de los mismos hechos, la juez titular de Instrucción 17, María del Pilar Llorente, ha citado a Manuel Jiménez el próximo 22 de febrero para, en un principio, "ratificar la denuncia" y, en caso de que lo estime conveniente, "tomarle declaración y aclarar los puntos que considere necesario". A partir de ahí, será la juez la que decida si continúa con la investigación o, si por el contrario, la archiva en caso de que considere que no hay indicios de delito.
En su denuncia, Manuel señala que contaba con 36.000 euros "fruto de la venta de un fondo de inversión". Tuvo conocimiento de que Contsa "gestiona capitales de particulares con un rendimiento anual del 15%, a abonar durante un año en 11 plazos mensuales". Ante esta oferta "sumamente atractiva", el denunciante firmó el contrato el 9 de octubre de 2007.
Sin embargo, en la denuncia asegura que, a fecha de la misma, "no tiene ni el capital, ni los intereses devengados del 15%". A esto añade que "tiene la sospecha de que no van a ser abonados" porque, entre otros motivos, todo hace pensar "que el negocio no es más que una estafa en la que hay una multitud de pequeños inversores perjudicados". Asimismo, destaca que, en una reunión con el letrado de la empresa, se le comunicó que "seis meses antes de la firma del contrato" ya había "problemas de liquidez".
