La representación jurídica de Hokman Joma, el joven kurdo de pasaporte sirio condenado a tres años de cárcel y al pago de una multa de 408 euros por arrojar un zapato contra el primer ministro turco, Recip Tayip Erdogan, ha solicitado este martes el indulto parcial al Ministerio de Justicia alegando que "es pública y notoria la indignación social existente debido a la desproporción de la pena impuesta", según el escrito que se ha remitido el Gobierno y al que ha tenido acceso Europa Press.
El abogado de Hokman, Luis Ocaña, ha atendido a los periodistas en los juzgados del Prado de San Sebastián tras solicitar el indulto y ha explicado que se trata de un indulto "parcial" al haber cumplido ya un año y un mes de prisión --está interno en Sevilla I desde febrero de 2010--, lo cual "tiene nula reparación". "Lo que pedimos es la puesta inmediata en libertad de Hokman y la condonación del tiempo de cárcel que le queda pendiente", ha precisado.
En este sentido, Ocaña ha subrayado que, tras agotar "las vías ordinarias de recurso", la petición del indulto "es la única vía jurídica que queda para su puesta en libertad", tras lo que ha criticado que la pena impuesta "es absolutamente desproporcionada y sólo ocurre en el caso de una persona kurda, pues si no llega a ser un ciudadano kurdo el que tira un zapato, no habría habido ni detención, ni prisión ni condena ni muchísimo menos tres años de cárcel".
"Si yo me quito ahora los zapatos y los tiro contra alguien, no llegamos ni a un juicio de faltas", según ha puesto de manifiesto el letrado, quien ha añadido que lo que se ha hecho "es un uso político de una norma, en este caso del Código Penal, es únicamente un castigo por una manera de disentir políticamente", y ha puesto en relación este caso con el del periodista que fue condenado a un año de cárcel por tirar los zapatos contra el entonces presidente de EEUU, George Bush.
PASA "LOS LIMITES DE LO TOLERABLE"
Así, y tras vaticinar que en "unos dos meses" el Ministerio debería resolver la petición de indulto, Ocaña ha aseverado que este tema "ha pasado de los límites de lo tolerable y de lo razonable", ya que "no es razonable que, en una supuesta democracia occidental, se triplique la pena respecto a la impuesta en un país del mundo árabe, donde supuestamente están mucho más atrasados en materia de derechos humanos". "Pedimos que se extinga la pena, porque es una cuestión de sentido común y de justicia material", ha agregado.
Asimismo, ha anunciado que, en colaboración con la Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), se ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas entre distintos sectores de la sociedad sevillana, campaña dentro de la cual incluso solicitarán la firma del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, "que ya manifestó en una ocasión en público que la pena le parecía desproporcionada".
De su lado, el responsable del área de Inmigración de la APDH-A, Juan Vázquez, ha lamentado que Hokman "está purgando una pena de tres años" por un caso similar al del periodista que tiró sus zapatos contra Bush, por lo que "no sabemos por qué el Derecho Penal ha triplicado esta pena". "La pena nos parece muy desproporcionada y una barbaridad, se trata de un castigo ejemplarizante", ha añadido.
LA AUDIENCIA, A FAVOR DEL INDULTO
En el escrito dirigido al Ministerio de Justicia, Ocaña recuerda que tanto el Juzgado de lo Penal como la Audiencia Provincial se mostraron a favor del indulto, pues, en primer lugar, el Juzgado recogía que "es cierto que el efectivo cumplimiento de dicha pena, ante la inexistencia de antecedentes penales en el acusado, pudiera llegar a considerarse excesiva, atendidos el mal causado por la infracción y las circunstancias personales del reo, y podría justificar que se llegase a interesar --incluso de oficio-- en la correspondiente ejecutoria, la concesión del indulto, total o parcial, pero esta es la pena mínima que puede imponerse al hecho cometido".
De su lado, la Audiencia Provincial dijo que "procede desestimar el recurso interpuesto y confirmar en su integridad la sentencia apelada, que en su fundamento tercero motiva las penas en concreto impuestas y su carácter de pena mínima legal, sugiriendo soluciones de futuro para mitigar su posible desproporcionalidad". El abogado de Hokman entiende que la concesión del indulto "no genera perjuicio para ningún tercero ni para nadie y no lastima derechos de terceros", así como que los fines de la pena de privación de libertad, en este caso, "no tienen sentido alguno, pues la capacidad de convivencia del reo está fuera de toda duda y goza de un amplio apoyo social, círculo de amistades y redes ciudadanas de apoyo".
